El presidente Donald Trump ha solicitado a la Corte Suprema de los Estados Unidos que respalde una política migratoria altamente controversial: permitir la deportación de migrantes no solo a su país de origen, sino también a terceros países, sin necesidad de notificación previa ni oportunidad para apelar. El pedido, presentado esta semana, pretende ampliar la autoridad del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) para ejecutar deportaciones rápidas incluso en contextos donde los migrantes podrían enfrentar persecución o tortura.
Esta propuesta representa un nuevo capítulo en la ya conocida postura de línea dura del presidente Trump frente a la inmigración, y pone nuevamente en el centro del debate las condiciones de derechos humanos en los países receptores.
NUEVO PEDIDO DE TRUMP PARA AMPLIAR LA DEPORTACIÓN DE MIGRANTES
La solicitud ante el Tribunal Supremo se produce pocos días después de que un juez federal, Brian Murphy, bloqueó los intentos del gobierno de Trump de deportar migrantes a Sudán del Sur, un país devastado por conflictos armados. Murphy, designado por el expresidente Joe Biden, acusó a la administración de violar su orden judicial y de intentar trasladar detenidos sin permitirles presentar temores creíbles de persecución.
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“Fue imposible para estas personas tener una oportunidad significativa de oponerse a su traslado a Sudán del Sur”, indicó el juez, subrayando que muchos de los procedimientos ocurrieron fuera del horario laboral, lo que limitó el acceso de los detenidos a asesoría legal y contacto familiar.
La administración de Trump respondió que estas restricciones complican la política exterior de Estados Unidos, al tener que mantener a migrantes en instalaciones militares extranjeras mientras se resuelven sus procesos. Como alternativa, solicitó a la Corte Suprema una autorización para proceder con la deportación de migrantes sin los requisitos judiciales recientemente establecidos.
POLÍTICA DEPORTIVA SIN NOTIFICACIÓN: EL CORAZÓN DE LA CONTROVERSIA
La política actual permite que el Departamento de Seguridad Nacional expulse a personas a un país diferente del suyo, sin importar si tienen vínculos o estatus legal allí. Las deportaciones se han intentado ejecutar hacia países como Sudán del Sur, Libia o Arabia Saudita, donde las condiciones de seguridad y derechos humanos han sido internacionalmente cuestionadas.
Grupos de derechos humanos como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han denunciado que la deportación de migrantes a países con historial de violencia política y tortura representa una violación del principio de no devolución, reconocido en la Convención de Ginebra.
Por ejemplo, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Libia declaró a CNN que “no existe ningún acuerdo con Estados Unidos para recibir migrantes deportados”. A pesar de ello, funcionarios estadounidenses informaron a medios que existían planes para enviar migrantes indocumentados en vuelos militares a este país, lo que generó nuevas demandas judiciales y mociones de emergencia por parte de organizaciones defensoras.
CORTE DE APELACIONES Y LA LUCHA POR LOS DERECHOS MIGRATORIOS
A principios de este mes, el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito, con sede en Boston, rechazó una solicitud del gobierno para pausar el fallo de Murphy. El tribunal expresó su preocupación por “el daño irreparable” que podría derivarse de deportaciones sin base legal o justificación humanitaria.
El fallo subraya que el envío de personas a países en conflicto, sin previo aviso ni evaluación de sus temores, atenta contra principios fundamentales del derecho internacional. La administración de Trump, sin embargo, ha argumentado que sus políticas están amparadas en la ley migratoria estadounidense, y que existen mecanismos diplomáticos para asegurar que los migrantes no serán maltratados en los países receptores.
Sin embargo, esos “compromisos diplomáticos” han sido puestos en duda. En Sudán del Sur, por ejemplo, las agencias de Naciones Unidas han reportado múltiples casos de detenciones arbitrarias, tortura y violencia sexual contra personas retornadas. En 2024, el Comité de Derechos Humanos de la ONU calificó al país como “no seguro para retornos forzados bajo ninguna circunstancia”.
¿QUÉ ESTÁ EN JUEGO CON LA DEPORTACIÓN DE MIGRANTES?
Más allá del aspecto judicial, la política propuesta por Trump pone en tela de juicio la responsabilidad ética de Estados Unidos ante una crisis migratoria global. A finales de 2024, más de 120 mil personas fueron detenidas en la frontera sur de EE. UU., muchas de ellas solicitando asilo por razones de violencia, persecución política o condiciones económicas extremas.
De acuerdo con cifras del Migration Policy Institute, al menos un 45 % de los migrantes detenidos en centros federales provenían de países considerados de alto riesgo por el Departamento de Estado. En ese contexto, la posibilidad de implementar una política de deportación de migrantes sin garantías mínimas representa una amenaza directa a sus derechos fundamentales.
Además, el impacto de esta medida no se limitaría solo a quienes están actualmente bajo custodia. Expertos legales han advertido que una decisión favorable de la Corte Suprema abriría la puerta a deportaciones rápidas y arbitrarias, incluso para personas con procesos de asilo en curso o con vínculos familiares establecidos en EE. UU.
LA POSTURA DE TRUMP Y EL FUTURO DE LA DEPORTACIÓN DE MIGRANTES
Trump ha hecho de la inmigración uno de los pilares de su campaña electoral, y esta nueva batalla ante la Corte Suprema forma parte de un esfuerzo más amplio por endurecer el sistema migratorio. Su administración sostiene que flexibilizar las reglas de deportación de migrantes permitirá reducir la presión sobre los centros de detención y acelerar la expulsión de quienes han cometido delitos o han ingresado de forma irregular.
No obstante, críticos como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) han advertido que estas políticas podrían generar violaciones masivas de derechos humanos y socavar la reputación de EE. UU. como país defensor del derecho internacional.
La Corte Suprema, dominada actualmente por una mayoría conservadora, podría emitir un fallo en los próximos meses que sentaría un precedente clave en la jurisprudencia migratoria del país. Mientras tanto, organizaciones civiles y defensoras de los derechos de los migrantes continúan litigando para garantizar procesos justos, protección ante persecuciones y respeto al debido proceso.
