Las universidades públicas de Texas deberán identificar a los estudiantes indocumentados que actualmente reciben matrícula reducida como residentes del estado, luego de que un fallo judicial declarara inconstitucional la norma que les permitía ese beneficio. La medida, impulsada por la Junta Coordinadora de Educación Superior de Texas, afecta directamente a miles de jóvenes que hasta ahora podían acceder a la educación superior con tarifas más accesibles gracias al Texas Dream Act.
Wynn Rosser, comisionado de esta Junta estatal, envió una directiva a los rectores de las instituciones públicas para que reclasifiquen como no residentes a los estudiantes sin estatus migratorio legal. Esto implica que estos alumnos tendrán que pagar la matrícula completa, conocida como out-of-state tuition, una tarifa mucho más alta que la que pagan los residentes de Texas.
Universidades de Texas deberán cumplir con nueva clasificación migratoria
La decisión de obligar a las universidades de Texas a reportar a indocumentados surge tras un fallo reciente de un juez federal, quien invalidó una ley estatal de 2001 que permitía a ciertos inmigrantes sin papeles pagar tarifas de matrícula local, siempre que hubieran cursado y terminado la secundaria en el estado.
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Según el Departamento de Justicia, esta política violaba la Constitución al “discriminar a ciudadanos estadounidenses en beneficio de extranjeros”. De acuerdo con la organización Higher Ed Immigration Portal, más de 73.000 estudiantes en Texas se verán afectados, una cifra que representa casi una quinta parte del total nacional de universitarios indocumentados matriculados en instituciones públicas.
La medida significa un golpe duro para muchos jóvenes que llegaron al país siendo niños y que encontraron en el sistema educativo de Texas una oportunidad para progresar. La reclasificación como no residentes encarecerá drásticamente los costos, poniendo en riesgo la continuidad de sus estudios universitarios.
Universidades de Texas deberán ajustar matrículas tras fallo judicial
El Texas Dream Act, aprobado hace más de dos décadas con apoyo bipartidista, fue una de las primeras iniciativas en el país en permitir que estudiantes indocumentados accedieran a matrícula reducida en universidades públicas. La norma requería que los estudiantes vivieran en Texas durante al menos tres años, se graduaran de una escuela secundaria del estado y firmaran una declaración jurada comprometiéndose a legalizar su estatus migratorio tan pronto como fuera posible.
Estudiantes caminando en el campus de la universidad. Foto:EFE
Con la nueva decisión judicial, las universidades de Texas deberán ajustar sus políticas administrativas de inmediato. La orden del comisionado Rosser exige que cada institución publique y remita información sobre cuántos estudiantes bajo esta condición están matriculados, lo que ha sido interpretado por defensores de migrantes como una acción con posibles consecuencias discriminatorias.
La reclasificación no solo implica un cambio económico para los estudiantes, sino también un registro oficial de su estatus migratorio, lo que genera preocupación entre organizaciones de derechos civiles, abogados y activistas por los riesgos que esto representa en términos de privacidad y persecución.
Universidades de Texas bajo presión: estudiantes indocumentados denuncian retroceso
Desde que se conoció la medida, múltiples voces han salido en defensa de los estudiantes indocumentados. Organizaciones como United We Dream y la Asociación Nacional para la Educación han denunciado el impacto desproporcionado que tendrá en jóvenes latinos, quienes constituyen la mayoría de los estudiantes indocumentados en Texas.
“Esto es un ataque directo a estudiantes que han crecido aquí, que consideran a Texas su hogar y que solo quieren seguir estudiando”, expresó Juliana González, portavoz de la organización Texas Students United. “Las universidades de Texas deben resistirse a convertirse en herramientas de criminalización”.
A su vez, algunos líderes educativos han manifestado su inquietud. Varios rectores señalaron que acatarán la orden, pero también buscarán alternativas de ayuda financiera para evitar la deserción estudiantil. Otros han solicitado una revisión del fallo y pidieron al Congreso estatal una nueva legislación que proteja a estos jóvenes.
Actualmente, alrededor de 20 estados permiten algún tipo de acceso a matrícula estatal para estudiantes sin estatus legal, aunque Texas fue pionero en implementar esta política en 2001. El fallo judicial, si se mantiene firme, podría sentar un precedente para que otros estados adopten medidas similares, aumentando la presión sobre la comunidad inmigrante a nivel nacional.
El tema también se ha politizado: legisladores republicanos en Texas celebraron el fallo como un avance hacia el cumplimiento de las leyes migratorias, mientras que representantes demócratas lo han catalogado como un retroceso “inhumano” que afecta a miles de jóvenes estudiantes.
Por ahora, las universidades de Texas deberán reportar a indocumentados y aplicar los cambios exigidos, aunque se espera que en las próximas semanas haya recursos legales y movilizaciones en defensa del derecho a la educación para todos, sin importar el estatus migratorio.