Washington sabía que migrantes expulsados a El Salvador eran no violentos
El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tenía conocimiento de que la mayoría de los 238 migrantes venezolanos expulsados recientemente a una prisión de máxima seguridad en El Salvador no habían cometido delitos violentos ni representaban una amenaza terrorista, según documentos oficiales del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) revelados este viernes.
Un análisis conjunto de medios estadounidenses y venezolanos, entre ellos ProPublica, The Texas Tribune, Cazadores de Noticias Falsas y Alianza Rebelde Investiga, reveló que únicamente 32 de los 238 migrantes trasladados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en El Salvador habían sido condenados por algún delito en EE.UU., y la gran mayoría de esos delitos no eran violentos.
La mayoría enfrentó cargos menores en EE.UU.
Te Recomendamos
Los datos del DHS indican que los delitos por los que se condenó a esos 32 migrantes incluyen principalmente infracciones menores como hurto en tiendas, conducción sin licencia o entrada ilegal al país. Solo seis de los deportados tenían condenas relacionadas con actos violentos: cuatro por agresión, uno por secuestro y uno por porte ilegal de armas.
En contraste con estos datos, el presidente Trump justificó públicamente la expulsión masiva de estos venezolanos utilizando una ley de 1789 conocida como la Ley de Enemigos Extranjeros. Según el mandatario, los migrantes formaban parte de la organización criminal transnacional Tren de Aragua, a la que su administración declaró grupo terrorista.
Más de la mitad no tenía antecedentes penales
El informe también destaca que 130 de los 238 venezolanos trasladados al Cecot no tenían antecedentes penales ni cargos pendientes en EE.UU. Estos individuos fueron detenidos y deportados únicamente por violaciones a las leyes migratorias, no por representar un riesgo criminal.
El traslado de los migrantes al Cecot, una prisión conocida por sus estrictas medidas de seguridad y condiciones de aislamiento extremo, ha sido ampliamente criticado por organizaciones de derechos humanos, especialmente considerando el perfil no violento de la mayoría de los detenidos.
Registros internacionales tampoco los vinculan con pandillas
Además de los antecedentes en EE.UU., los medios involucrados en la investigación cruzaron datos con registros policiales de Venezuela y listas de Interpol. Ninguno de los nombres de los 238 deportados coincidía con los cerca de 1,400 nombres incluidos en esas listas de presuntos miembros de bandas criminales.
Solo 20 de los migrantes tenían antecedentes en otros países. De esos, 11 enfrentaban cargos por delitos violentos como asalto a mano armada, asesinato o secuestro. Uno de ellos está solicitado en extradición por Chile, y cuatro fueron acusados por posesión ilegal de armas.
Estos hallazgos debilitan aún más la narrativa oficial de la Casa Blanca, que ha sostenido que los expulsados representan un riesgo para la seguridad nacional.
Expulsiones bajo escrutinio legal
El programa de expulsión masiva también enfrenta múltiples desafíos legales. La Corte Suprema de EE.UU. ha bloqueado temporalmente al Gobierno de seguir enviando migrantes a El Salvador mientras se resuelven diversas demandas en cortes federales.
Uno de los casos más emblemáticos es el del salvadoreño Kilmar Abrego García, quien fue deportado erróneamente pese a tener derecho a permanecer en EE.UU. A pesar de reconocer el error, el Gobierno se ha negado a repatriarlo.
Asimismo, el Instituto Cato reveló en un informe reciente que al menos 50 de los venezolanos enviados al Cecot habían ingresado legalmente al país, lo cual cuestiona aún más la legalidad de su expulsión.
Protestas en El Salvador por encarcelamientos
En El Salvador, las deportaciones han generado protestas. Familiares de los migrantes detenidos, junto con organizaciones defensoras de derechos humanos, se han manifestado frente a tribunales y oficinas gubernamentales exigiendo justicia y transparencia sobre el proceso.
Las imágenes de mujeres con carteles mostrando los rostros de sus familiares encarcelados en el Cecot, así como denuncias de incomunicación y trato inhumano, han generado un debate público en el país centroamericano sobre la implicación de su gobierno en este acuerdo con EE.UU.
Presión internacional sobre Washington
La creciente presión internacional podría forzar a Washington a modificar su enfoque migratorio en América Latina. Mientras la Casa Blanca insiste en que las expulsiones forman parte de su estrategia de seguridad, los datos filtrados muestran una realidad distinta: un alto porcentaje de los migrantes detenidos y enviados a El Salvador no tienen vínculos con el crimen organizado ni representan una amenaza real.
La polémica en torno al caso sigue creciendo, a medida que más detalles salen a la luz y los tribunales federales examinan la legalidad de las deportaciones en masa bajo justificaciones que ahora se demuestran infundadas.