Este martes 27 de mayo, la Asamblea Nacional de Francia marcó un hito histórico al aprobar en primera lectura un proyecto de ley que legaliza la muerte asistida para personas con enfermedades incurables, un tema que ha generado un intenso debate en el país. Con 305 votos a favor y 199 en contra, la legislación permitirá a pacientes con condiciones específicas poner fin a su vida bajo estrictos criterios, un paso que el presidente Emmanuel Macron ha defendido durante años como una necesidad ética. La noticia sigue resonando entre los ciudadanos franceses, muchos de los cuales ven esta medida como un avance en los derechos individuales.
El proyecto, impulsado por el diputado socialista Olivier Falorni, establece que la muerte asistida estará disponible para personas mayores de 18 años que sean ciudadanos franceses o residentes legales en Francia. Además, los solicitantes deben padecer una enfermedad grave o incurable que sea potencialmente mortal o que se encuentre en un estadio avanzado, causando sufrimientos físicos o psíquicos constantes. Un requisito clave es que el paciente pueda expresar su deseo de manera libre e informada, lo que deja fuera a quienes no puedan dar un consentimiento claro, como aquellos con Alzheimer avanzado.
Condiciones y proceso para acceder
La nueva ley establece un proceso riguroso para garantizar que la decisión sea tomada con plena conciencia. Los pacientes deberán presentar una solicitud formal, que será revisada por un equipo médico en un plazo máximo de 15 días. Si se aprueba, el paciente podrá administrarse una sustancia letal por sí mismo o, en caso de no estar físicamente capacitado, recibir asistencia de un profesional de la salud. Para proteger a los médicos que no deseen participar, el texto incluye una cláusula de conciencia, permitiéndoles abstenerse sin comprometer el acceso de los pacientes a este derecho.
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La ministra de Sanidad, Catherine Vautrin, destacó tras la votación que el proceso aún no está concluido. «Aún queda un largo camino por recorrer», señaló, refiriéndose a la próxima etapa en el Senado, prevista para septiembre, y a una segunda lectura en ambas cámaras a principios de 2026. Vautrin enfatizó la importancia de buscar un consenso amplio para que la ley sea respetuosa con todas las sensibilidades, un desafío en un país donde el tema ha dividido incluso al propio gobierno. De hecho, 11 diputados de la coalición macronista Ensemble y 34 del grupo Derecha Republicana votaron en contra del proyecto.
Debate y apoyo a la muerte asistida en Francia
El respaldo a la muerte asistida proviene principalmente de los representantes de izquierda y los grupos macronistas, mientras que la extrema derecha de Reagrupación Nacional y la derecha de Los Republicanos se opusieron firmemente. Sin embargo, no solo se trata de la ley principal: los diputados también aprobaron por unanimidad, con 560 votos a favor, un segundo proyecto presentado por Annie Vidal, del partido Renacimiento, que garantiza el acceso universal a cuidados paliativos. Esto busca reforzar el alivio del dolor y la dignidad de los pacientes que no opten por la muerte asistida, un aspecto que ha sido bien recibido por todos los sectores.
Le vote par l’Assemblée nationale des textes sur le développement des soins palliatifs et l’aide à mourir est une étape importante.
Dans le respect des sensibilités, des doutes et espoirs, le chemin de fraternité que je souhaitais s’ouvre peu à peu.
Avec dignité et humanité.
— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 27, 2025
Emmanuel Macron celebró la votación como un «paso importante» hacia un modelo de «fraternidad», según expresó en la red social X. Sin embargo, el debate no ha estado exento de críticas. El primer ministro François Bayrou, un católico devoto, había manifestado dudas personales sobre la medida, aunque confió en que el Parlamento resolvería las inquietudes éticas. Por otro lado, la Conferencia de Líderes Religiosos de Francia, que incluye a comunidades católicas, musulmanas y judías, advirtió este mes sobre los riesgos de una «ruptura antropológica», argumentando que la ley podría presionar a personas vulnerables a elegir la muerte.