Ricardo Martinelli, quien fuera presidente de Panamá entre 2009 y 2014, ha sido un personaje controversial en la política del país. A lo largo de su carrera, no solo se destacó por su figura política, sino también por su vinculación con diversos casos judiciales que han empañado su legado. En 2023, Martinelli fue condenado a 10 años de prisión por lavado de activos, específicamente relacionado con la compra de la Editora Panamá América S.A. (New Business). Esta condena fue el punto culminante de una serie de acusaciones que involucraron presuntos actos de corrupción durante su mandato.
El exmandatario siempre ha negado las acusaciones, asegurando que la condena en su contra fue motivada por razones políticas, diseñadas para evitar que pudiera regresar a la escena política, particularmente con sus ambiciones de presentarse nuevamente como candidato en las elecciones presidenciales de 2024. Sin embargo, el tribunal dictó sentencia en su contra, incluyendo una multa de 19 millones de dólares, además de la pena privativa de libertad.
El caso «New Business» que llevó a su condena ha sido uno de los más sonados en la historia reciente de Panamá. En este juicio, se le acusó de utilizar su poder y su influencia para captar recursos de empresarios y presionar a contratistas del Estado durante su gobierno. Se alegó que Martinelli utilizó contratos de obras públicas para forzar a los empresarios a financiar la compra de la editorial, una operación que, según las autoridades, fue realizada con fondos obtenidos de manera ilícita.
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El abogado del expresidente panameño Ricardo Martinelli, Alejandro Pérez, da declaraciones frente a la Embajada de Nicaragua este jueves, en Ciudad de Panamá (Panamá). EFE/ Bienvenido Velasco
El asilo político en Nicaragua y su impacto
La situación de Martinelli se tornó aún más compleja cuando, en 2024, tras su condena y la imposibilidad de participar en las elecciones, el expresidente panameño decidió refugiarse en la Embajada de Nicaragua en Ciudad de Panamá. Desde allí, Martinelli buscó evadir las consecuencias judiciales que derivaban de su condena, acogiendo la oferta de asilo político que le extendió el gobierno de Daniel Ortega, el presidente de Nicaragua.
El asilo en la embajada nicaragüense generó un importante debate político en Panamá. El gobierno de Laurentino Cortizo, entonces presidente, cuestionó la decisión de Nicaragua, argumentando que este acto representaba una intromisión en los asuntos internos de Panamá con fines políticos. El gobierno panameño consideró que el asilo otorgado a Martinelli buscaba facilitar que este pudiera eludir la justicia y seguir participando en actividades políticas, lo cual fue visto como un intento de evitar que respondiera por sus acusaciones.
A pesar de las tensiones diplomáticas, Martinelli se mantuvo en la embajada nicaragüense durante más de un año, donde incluso continuó haciendo declaraciones públicas relacionadas con la política de Panamá. Estas declaraciones fueron vistas como un desafío a las autoridades panameñas, ya que muchos consideraban que Martinelli utilizaba su asilo para seguir influyendo en la política del país desde el refugio diplomático.
Fotografía de archivo, fechada el 19 de noviembre de 2018, que muestra al expresidente de Panamá Ricardo Martinelli (2009-2014), en Ciudad de Panamá (EFE/Bienvenido Velasco)
El salvoconducto otorgado por Panamá
Recientemente, el gobierno panameño dio un giro en este conflicto al otorgar un salvoconducto a Martinelli, permitiéndole salir de la embajada nicaragüense y viajar a Nicaragua, donde podría continuar con su defensa en un entorno más favorable. Este salvoconducto fue concedido bajo «causas estrictamente humanitarias», según el comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá. La Cancillería explicó que el expresidente de 73 años recibiría la posibilidad de acceder a tratamiento ambulatorio y mejorar su calidad de vida en condiciones más apropiadas.
Aunque la decisión de otorgar el salvoconducto no fue bien recibida por todos, el gobierno de Panamá argumentó que esta acción no representaba una renuncia a la justicia y que no se cerraba la puerta a futuras acciones legales en su contra. Este gesto de las autoridades panameñas, sin embargo, reavivó el debate sobre las motivaciones detrás del asilo y las implicaciones que tiene para la imagen del país en la comunidad internacional.
Un integrante de la Policía Nacional custodia la entrada a la Embajada de Nicaragua este jueves, en Ciudad de Panamá (Panamá). EFE/ Bienvenido Velasco