Trump intensifica su ofensiva contra ciudades santuario en EE.UU.
La Administración del presidente Donald Trump elevó su ofensiva contra las llamadas «ciudades santuario» al publicar una lista con más de 500 jurisdicciones que, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), dificultan la aplicación de las leyes de inmigración federales. Esta acción busca presionar a estados y comunidades locales que no cooperan con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el marco de la política de deportaciones masivas impulsada por el mandatario.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, confirmó este jueves que todas las jurisdicciones incluidas en la lista recibirán notificaciones oficiales en las que se les informará que podrían estar incumpliendo leyes penales federales por negarse a colaborar con ICE. En su declaración, Noem acusó a los líderes de estas ciudades de “poner en riesgo a los estadounidenses” por proteger a inmigrantes sin estatus legal.
Las ciudades santuario en la mira del gobierno federal
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Según el DHS, la elaboración de la lista consideró varios factores, como si las localidades se identificaban como jurisdicciones santuario, si tenían políticas que impedían compartir información con las autoridades migratorias o si brindaban protección legal a inmigrantes en situación irregular. El objetivo, de acuerdo con la Casa Blanca, es dejar claro qué gobiernos locales “no están cumpliendo su responsabilidad” de cooperar con la política migratoria federal.
Esta ofensiva se enmarca en una orden ejecutiva firmada por Trump el 28 de abril, la cual exige a la fiscal general y a la secretaria de Seguridad Nacional que mantengan actualizada y pública una lista de entidades que, a juicio del Ejecutivo, obstaculizan el cumplimiento de la ley migratoria. Además, les otorga la facultad de aplicar sanciones legales y financieras a dichas jurisdicciones.
Amenazas de suspensión de fondos federales
La Administración Trump pretende tomar medidas adicionales contra estas comunidades al ordenar la revisión de subvenciones y contratos federales que beneficien a gobiernos estatales o locales identificados como “jurisdicciones santuario”. La Oficina de Gestión y Presupuesto trabajará junto a otras agencias para suspender o rescindir esos fondos, si así lo consideran pertinente.
El gobierno ya ha advertido que si, tras ser notificadas, estas jurisdicciones continúan desobedeciendo, se podrían aplicar acciones coercitivas, lo que podría incluir desde demandas judiciales hasta cortes definitivas de asistencia económica.
Controversias legales y resistencia en tribunales
Pese a la ofensiva federal, muchas de estas comunidades han defendido su postura argumentando que su negativa a colaborar con ICE se basa en razones de seguridad pública. Alegan que cuando los inmigrantes sienten miedo de ser entregados a las autoridades migratorias, es menos probable que denuncien delitos o cooperen con investigaciones, lo que debilita la seguridad comunitaria.
Además, sostienen que la aplicación de la ley migratoria es responsabilidad exclusiva del gobierno federal, y que los departamentos locales de policía deben centrarse en combatir el crimen, no en actuar como agentes de inmigración. Esta visión ha recibido respaldo en varias cortes federales, donde las medidas contra las ciudades santuario han enfrentado bloqueos y recursos legales.
Expansión de acuerdos 287(g) y fortalecimiento de ICE
En paralelo, la Administración ha promovido activamente los acuerdos 287(g), que permiten a los departamentos locales de policía asumir funciones de control migratorio. Estos acuerdos, voluntarios pero incentivados por el gobierno federal, han aumentado significativamente en número desde que Trump asumió la presidencia por segunda vez.
Actualmente, ICE cuenta con unos 6,000 agentes, cifra que no ha variado mucho en los últimos años. Sin embargo, al sumar fuerzas con las agencias locales mediante estos acuerdos, el gobierno multiplica su capacidad operativa para llevar a cabo detenciones y deportaciones. En varias regiones, esto ha resultado en redadas masivas y un incremento en los arrestos de inmigrantes sin antecedentes penales.
El debate sobre el impacto comunitario
Organizaciones de derechos civiles y grupos defensores de los inmigrantes han denunciado que esta política intensifica el miedo y la desconfianza entre comunidades vulnerables. Según sus voceros, esta estrategia federal no solo es punitiva, sino que puede tener consecuencias humanitarias graves, especialmente en familias con estatus migratorio mixto.
No existe una definición legal precisa del término “ciudad santuario”. Sin embargo, en el discurso político y legal actual, se utiliza para describir a aquellas comunidades que limitan su colaboración con las autoridades federales de inmigración. Estas políticas varían según el lugar, pero en general incluyen restricciones para compartir datos, ejecutar detenciones o extender la custodia de personas solicitadas por ICE.
La ofensiva de Trump, respaldada por sus aliados políticos y por sectores duros del movimiento conservador, continúa intensificándose en vísperas del verano, con nuevas medidas en camino que podrían profundizar aún más la confrontación entre el gobierno federal y los gobiernos locales que deciden no colaborar.