Así es como Trump busca acelerar deportaciones y arrestos migratorios
El gobierno del presidente Donald Trump ha implementado una nueva estrategia para acelerar los arrestos y deportaciones de inmigrantes en Estados Unidos. Según un memorando interno del Departamento de Justicia, enviado a los jueces de inmigración el 30 de mayo, se instruye a los magistrados para que desestimen de manera rápida los casos pendientes y permitan así una deportación expedita.
Este memorando, obtenido por medios estadounidenses, señala que los abogados del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) podrán solicitar la desestimación oral de los casos sin que los inmigrantes tengan el tiempo usual de respuesta de 10 días. “Las decisiones orales deben completarse dentro del mismo espacio de audiencia el día en que concluyen los testimonios y los argumentos”, indica el documento.
Desestimaciones orales para acelerar deportaciones
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La nueva directriz del gobierno Trump indica que los jueces de inmigración no necesitan solicitar documentación o información adicional para conceder la desestimación de casos. Esto implica que los procesos de deportación podrán avanzar más rápido y sin la oportunidad para que los inmigrantes defiendan sus peticiones de asilo o permanezcan en el sistema judicial migratorio.
Una vez que los casos son desestimados, las personas afectadas pueden ser sometidas a la deportación acelerada, un proceso que limita sus derechos a una defensa adecuada ante las autoridades migratorias. Además, el memorando indica que quienes están sujetos a esta expulsión rápida “están sujetos a detención obligatoria”, lo que aumenta la probabilidad de arrestos masivos por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Reacciones y controversias entre jueces y abogados
El sindicato de jueces de inmigración ha expresado preocupación por esta medida. Una fuente cercana a ese grupo explicó que muchos magistrados consideran que esta política “es una burla al debido proceso” y contradice las promesas de justicia que el presidente Trump hizo durante su campaña electoral.
Por su parte, Greg Chen, director sénior de relaciones gubernamentales de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración, afirmó que la orientación a los jueces “viola la Ley de Inmigración y Nacionalidad” porque no se están proporcionando las razones legales específicas requeridas para desestimar los casos. Chen considera que esta estrategia es ilegal y puede perjudicar gravemente los derechos de los inmigrantes.
Limitaciones logísticas en el sistema de detención
Jason Houser, exjefe de personal de ICE durante la administración Biden, también criticó la medida. Según Houser, aunque la desestimación rápida permita a ICE detener a más personas, no resolverá el problema de fondo: la falta de espacio suficiente en los centros de detención para albergar a los arrestados antes de su deportación.
Actualmente, ICE tiene bajo custodia a más de 51,000 inmigrantes, cifra que supera el límite oficial de 41,500 que permite su presupuesto. Esto ha provocado un problema de hacinamiento en los centros de detención, lo que puede derivar en condiciones de vida por debajo de los estándares legales y generar sanciones judiciales contra la agencia.
Impacto en la comunidad migrante y en el sistema judicial
Esta política de acelerar las deportaciones mediante la desestimación de casos podría afectar especialmente a inmigrantes que tienen estatus legal o están siendo investigados, y que no representan amenazas a la seguridad nacional. Houser señaló que esta táctica “inunda el sistema con miles de personas no delincuentes, desperdiciando recursos que deberían enfocarse en amenazas reales”.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos han manifestado preocupación porque la estrategia puede provocar una crisis humanitaria y judicial, limitando el acceso de los migrantes a una defensa justa y aumentando el riesgo de deportaciones erróneas o injustas.
Presión para un cambio en la política migratoria
El nuevo memorando forma parte de un esfuerzo más amplio del gobierno Trump para intensificar las deportaciones, cumpliendo una de sus promesas centrales de campaña. Sin embargo, enfrenta resistencia legal y social por sus implicaciones en los derechos civiles y humanos.
Mientras tanto, grupos de defensa migratoria continúan movilizándose para exigir un sistema migratorio más justo y humanitario, y para monitorear posibles abusos en los procesos acelerados de deportación.