¿Ataque a la salud pública? Trump limita acceso a vacunas COVID-19
La administración del presidente Donald Trump introdujo un giro en la estrategia nacional contra la COVID-19 al restringir el acceso generalizado a las vacunas actualizadas. La nueva política, presentada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), permitirá que solo ciertos grupos accedan a las nuevas dosis sin necesidad de pasar por rigurosos ensayos clínicos.
El anuncio, que ha generado controversia entre médicos y expertos en salud pública, fue publicado en el New England Journal of Medicine y señala un rompimiento con la recomendación previa de vacunación anual para todos los mayores de seis meses.
Nuevas directrices para las vacunas
De acuerdo con la nueva política, la vacunación periódica contra la COVID-19 estará limitada a personas mayores de 65 años y a quienes padezcan condiciones médicas que los ubiquen en alto riesgo. Para el resto de la población, los laboratorios deberán realizar estudios clínicos extensos que demuestren la efectividad y necesidad de dosis adicionales.
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El Dr. Vinay Prasad, recientemente designado como director de vacunas de la FDA, explicó que no hay evidencia clara de que múltiples dosis adicionales ofrezcan beneficios tangibles a personas sanas. “Simplemente no sabemos si deberían seguir recibiendo refuerzos”, afirmó durante la presentación de la nueva política. Prasad firmó el documento junto con Marty Makary, comisionado de la FDA y también defensor de una evaluación más estricta sobre la necesidad de nuevas vacunas.
Críticas de expertos y organizaciones médicas
El cambio ha despertado una oleada de críticas. El Dr. Paul Offit, del Hospital Infantil de Filadelfia y miembro del comité asesor de vacunas de la FDA, advirtió sobre la incertidumbre que genera esta política en su implementación práctica. “¿Cómo se va a determinar quién es de alto riesgo? ¿Será el farmacéutico quien tome esa decisión?”, cuestionó. Según Offit, esta ambigüedad podría reducir el acceso a las vacunas para muchas personas y provocar que los seguros médicos dejen de cubrir las nuevas dosis para grupos no priorizados.
La Academia Estadounidense de Pediatría también expresó su preocupación, especialmente en relación con los menores. El Dr. Sean O’Leary, miembro del comité de enfermedades infecciosas de la organización, alertó sobre el riesgo de que las familias pierdan la posibilidad de proteger a sus hijos si las aseguradoras dejan de cubrir las vacunas. “Esto puede afectar sobre todo a comunidades con acceso limitado a la atención médica”, afirmó.
Datos recientes y contexto de la medida
Aunque las tasas de hospitalización y muerte por COVID-19 han disminuido respecto a los niveles críticos de 2020 y 2021, la enfermedad sigue teniendo un impacto significativo. Según cifras recientes de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), más de 47,000 personas murieron en Estados Unidos por complicaciones relacionadas con la COVID-19 durante 2023. De ese total, 231 eran niños menores de 18 años.
Los expertos señalan que si bien el número de muertes es menor que en los picos de la pandemia, el virus continúa circulando de forma activa y afectando especialmente a personas vulnerables.
Implicaciones para la industria farmacéutica
Los laboratorios fabricantes, como Pfizer y Moderna, han manifestado su disposición a seguir colaborando con la FDA. Sin embargo, la nueva política podría frenar la aprobación rápida de versiones actualizadas de las vacunas. A partir de ahora, las farmacéuticas deberán demostrar en ensayos clínicos controlados la eficacia de las nuevas formulaciones en personas sanas, lo cual podría alargar significativamente los tiempos de producción y distribución.
Este requisito adicional también podría disuadir a algunos laboratorios de invertir en nuevas variantes si su aprobación queda restringida solo a una parte de la población.
¿Cambio científico o decisión política?
Aunque la FDA justifica el cambio con base en evidencia científica, varios analistas interpretan esta nueva política como una señal del enfoque escéptico de la administración Trump frente a la vacunación masiva. Durante su primer mandato, Trump fue duramente criticado por su manejo de la pandemia, especialmente por minimizar los efectos del virus y cuestionar públicamente a expertos en salud.
Con esta decisión, el gobierno busca limitar el alcance de las campañas de vacunación y apostar por una estrategia enfocada únicamente en los grupos de alto riesgo. Esta línea también se alinea con la presión de sectores conservadores que han promovido una visión crítica sobre las políticas de salud pública adoptadas durante la pandemia.
La medida marca un nuevo capítulo en la respuesta nacional ante el COVID-19, ahora centrada en reducir costos y pruebas innecesarias según el criterio de la administración, pero con un alto potencial de generar desigualdades en el acceso a la prevención.