La jueza federal Allison Burroughs ordenó la extensión de la suspensión temporal al bloqueo del gobierno de Donald Trump contra los estudiantes extranjeros de la Universidad de Harvard, en una medida que representa un nuevo revés para la política migratoria del mandatario. La orden inicial, emitida el 5 de junio, se amplió este lunes y permanecerá vigente hasta el 23 de junio mientras se decide si se otorgará una orden judicial preliminar definitiva.
La decisión fue tomada luego de una audiencia en Boston en la que Harvard argumentó que el gobierno republicano está usando a sus estudiantes como «peones políticos». Ian Gershengorn, abogado de la universidad, señaló que la Casa Blanca ha sobrepasado su autoridad con el objetivo de castigar a la institución por no cumplir con las exigencias presidenciales.
Bloqueo a estudiantes extranjeros de Harvard: una medida con motivaciones políticas
El conflicto se originó cuando el presidente Trump proclamó una medida que impide a los estudiantes extranjeros ingresar a Estados Unidos si su destino es la Universidad de Harvard. Según la administración, esta acción responde a “preocupaciones por la seguridad nacional”, pero para Harvard, el argumento es débil y carece de fundamento.
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La jueza Burroughs ya había bloqueado previamente una decisión del Departamento de Seguridad Nacional para revocar la autorización en el Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio. La medida, de haberse aplicado, habría impedido que la universidad reciba a estudiantes del extranjero en su campus de Cambridge, Massachusetts.
Día de graduación en la Universidad de Harvard. Foto: EFE/EPA/FILE/CJ GUNTHER
“Sin sus estudiantes internacionales, Harvard no es Harvard”, señala la demanda interpuesta por la institución académica, que acusa al gobierno de Trump de intentar dañar su reputación como centro de excelencia global.
Estudiantes internacionales, en el centro del conflicto
La presión aumentó cuando la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, exigió a Harvard la entrega de documentación sobre supuestas actividades peligrosas o ilegales por parte de estudiantes extranjeros. Aunque la universidad respondió al requerimiento, las autoridades consideraron la información insuficiente y, el 22 de mayo, revocaron su certificación para recibir estudiantes internacionales.
El bloqueo a estudiantes extranjeros de Harvard no solo afecta a la universidad en términos administrativos y de imagen, sino que pone en jaque su capacidad de competir por los mejores talentos académicos del mundo. Varias universidades en el extranjero, como dos instituciones en Hong Kong, ya han ofrecido cupos a los alumnos de Harvard afectados por la decisión.
Personas caminan frente a la biblioteca de la Universidad de Harvard en Boston. Foto: EFE/Marta Garde
Durante la audiencia del lunes, Burroughs expresó su preocupación por el desequilibrio entre ambas partes en el litigio: mientras Harvard presentó a seis abogados, el Departamento de Justicia fue representado por un solo funcionario, Tiberius Davis. Este aseguró que el gobierno ha evaluado a docenas de universidades en los últimos meses y que Harvard “puede resolver el problema si colabora”.
No obstante, la jueza se mostró crítica ante el enfoque del gobierno y dejó claro que revisará con detalle si la administración ha actuado dentro del marco legal.
Harvard vs. Trump: una batalla prolongada
El bloqueo a estudiantes extranjeros de Harvard es solo uno de los múltiples frentes abiertos entre la universidad y el gobierno de Trump. La tensión ha ido en aumento desde que la institución rechazó una serie de demandas del Ejecutivo relacionadas con la lucha contra el antisemitismo y las acusaciones de que el campus tolera ideas liberales extremas.
En respuesta, la administración ha recortado más de 2.600 millones de dólares en subvenciones federales destinadas a investigaciones, ha cancelado contratos y ha amenazado con retirar el estatus de exención de impuestos de la universidad.
Alan Garber, presidente interino de Harvard, aseguró que, si bien la universidad ha adoptado medidas para abordar incidentes de antisemitismo, no renunciará a sus principios ni permitirá que se usen amenazas federales para forzar cambios ideológicos.
El caso representa un hito importante para el sistema judicial estadounidense, ya que pone a prueba los límites del poder ejecutivo sobre las universidades privadas y sobre la movilidad de los estudiantes internacionales. Además, se da en un contexto electoral en el que Trump ha intensificado su discurso contra instituciones educativas que considera “enemigas del pueblo conservador”.