La Casa Blanca ha anunciado esta semana que el presidente Donald Trump impulsará una nueva legislación, conocida como La Gran y Bella Ley, con la que se retirará la cobertura médica del programa Medicaid a más de 1.4 millones de inmigrantes en situación irregular. Esta medida, que forma parte de las promesas de campaña de Trump para reforzar la seguridad fronteriza y reducir el gasto público, ya ha generado polémica dentro y fuera del Congreso.
En un comunicado oficial, el Gobierno aseguró que la nueva normativa busca “proteger los recursos sanitarios de los ciudadanos estadounidenses” y terminar con lo que consideran un uso indebido de fondos por parte de inmigrantes sin estatus legal. “Actualmente, más de 1,4 millones de inmigrantes ilegales están en Medicaid, incluidos criminales a sangre fría como los arrestados en Los Ángeles este fin de semana”, sostuvo el texto.
La ley ya ha sido aprobada por la Cámara de Representantes y se espera que pase al Senado en las próximas semanas. Mientras tanto, organizaciones proinmigrantes han advertido sobre el impacto humanitario de esta medida, especialmente en comunidades latinas.
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Cómo nueva ley de Trump deja a 1.4 millones de migrantes sin cobertura médica en Medicaid
Medicaid, un programa federal de salud que asiste a personas de bajos ingresos, ha sido durante décadas un salvavidas para millones de inmigrantes, incluidos muchos indocumentados que lograron acceso a través de exenciones estatales, programas de emergencia o cobertura prenatal para mujeres embarazadas.
Sala de emergencias del Mount Sinai West Hospital de Nueva York. Foto: EFE/EPA/Peter Foley
Con La Gran y Bella Ley, Trump busca eliminar ese acceso por completo, alegando que el sistema ha sido “abusado” y que está financiando servicios “que deberían ser exclusivos para ciudadanos”. Según la administración, esta reforma permitirá “salvar” el sistema y garantizar su sostenibilidad a largo plazo.
«Cuando se apruebe esta ley, Medicaid quedará protegido para generaciones de ciudadanos estadounidenses», subrayó la Casa Blanca.
Sin embargo, organizaciones como la National Immigration Law Center (NILC) han calificado la medida como “una política cruel y discriminatoria”. De acuerdo con el NILC, excluir a los inmigrantes de servicios esenciales no solo pone en riesgo su salud, sino que también afecta a comunidades enteras donde la atención primaria depende de clínicas subsidiadas con fondos de Medicaid.
Cómo nueva ley de Trump deja a 1.4 millones de migrantes sin cobertura médica y refuerza la frontera
Más allá del aspecto sanitario, La Gran y Bella Ley también introduce un aumento significativo en el presupuesto para seguridad fronteriza. El plan incluye la contratación de 10.000 nuevos trabajadores del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y 3.000 nuevos agentes de la Patrulla Fronteriza. La meta, según el Gobierno, es deportar al menos un millón de inmigrantes ilegales “con historial criminal” cada año.
A los agentes federales se les ofrecerá una bonificación anual de $10,000 durante los próximos cuatro años como incentivo. Esta es una de las medidas más agresivas en términos de política migratoria desde los primeros años del mandato de Trump en 2017.
“El presidente cumple su promesa de campaña de aplicar tolerancia cero a la inmigración ilegal, defendiendo a nuestras familias, protegiendo los recursos del país y devolviendo la ley y el orden a nuestras fronteras”, aseguró el portavoz de la Casa Blanca, Mark Ryerson.
Entre otras disposiciones de la ley también figura la eliminación de impuestos sobre propinas y horas extra, en lo que la administración considera un “respaldo a la clase trabajadora estadounidense”. Además, se extienden las rebajas fiscales aprobadas en 2017 y se eleva el techo de deuda nacional en cuatro billones de dólares.
Cómo nueva ley de Trump deja a 1.4 millones de migrantes sin cobertura médica y afecta a la comunidad latina
Para la comunidad latina en Estados Unidos, la entrada en vigor de esta ley tendría consecuencias inmediatas. De los 1,4 millones de inmigrantes afectados, se estima que más del 60 % son de origen latinoamericano, principalmente de México, Centroamérica y países del Caribe. Muchos de ellos dependen de Medicaid para tratamientos básicos, controles prenatales, vacunas y atención pediátrica.
En estados como California, Texas, Arizona, Illinois y Nueva York —con altas concentraciones de migrantes latinos—, clínicas comunitarias y hospitales ya han alertado que podrían colapsar ante la reducción de fondos y el aumento de pacientes sin seguro.
“Lo que estamos viendo es un castigo directo a nuestra comunidad”, declaró a La Raza la doctora Juliana Cruz, directora de una red de clínicas comunitarias en Los Ángeles. “Nos están dejando sin herramientas para atender a quienes más lo necesitan. Y lo peor es que estas personas no van a desaparecer. Solo van a dejar de recibir atención hasta que sea demasiado tarde”.
Grupos como RAICES, UnidosUS y Make the Road NY están organizando campañas informativas y protestas en diferentes ciudades para frenar la aprobación final del proyecto de ley. Además, líderes demócratas han prometido impugnarla en tribunales si se convierte en ley.
El impacto de esta medida se perfila como un tema central en la carrera presidencial de 2024, donde Trump ya ha retomado la retórica antimigrante que lo llevó al poder en 2016. Mientras tanto, millones de familias latinas esperan con incertidumbre qué ocurrirá con su acceso a la salud en los próximos meses.