Corte mantiene presión: Gobierno debe facilitar regreso de solicitante de asilo
Una corte federal de apelaciones de Estados Unidos rechazó el lunes la solicitud del Gobierno de Donald Trump para suspender la orden de un juez que obliga a la administración a facilitar el regreso a EE.UU. de un joven solicitante de asilo venezolano deportado ilegalmente a El Salvador a principios de este año. El fallo 2-1 del Cuarto Circuito genera un nuevo capítulo en el debate sobre la política migratoria y los derechos de los refugiados bajo la actual administración.
El caso gira en torno a “Cristian”, un hombre de 20 años cuyo nombre ha sido reservado en los documentos judiciales, que fue deportado a El Salvador pese a tener pendiente una solicitud de asilo en Estados Unidos. La jueza de distrito Stephanie Gallagher, quien emitió la orden en abril, determinó que el Gobierno violó un acuerdo judicial diseñado para proteger a jóvenes migrantes con procesos abiertos y le ordenó trabajar con las autoridades salvadoreñas para traerlo de regreso.
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División en la Corte de Apelaciones y posibles pasos futuros
La Corte de Apelaciones del 4º Circuito, con dos votos a favor y uno en contra, decidió mantener intacta la orden judicial. La jueza DeAndrea Gist Benjamin, designada por Joe Biden, y el juez Roger Gregory, nombrado por Bill Clinton, apoyaron la decisión, mientras que el juez Julius Richardson, designado por Donald Trump, expresó su disenso.
En su concurrencia, Gregory criticó duramente los argumentos del Gobierno, que había pedido suspender la orden bajo la afirmación de que Cristian sería rechazado en su solicitud de asilo por supuesta pertenencia a la pandilla venezolana Tren de Aragua. “Nos enfrentamos nuevamente a los esfuerzos del poder ejecutivo por dejar de lado el estado de derecho en busca de sus objetivos”, dijo Gregory. Además, subrayó la responsabilidad de los tribunales de proteger las garantías constitucionales frente a decisiones políticas.
Por otro lado, Richardson argumentó que la jueza Gallagher se excedió al ordenar al Gobierno entablar negociaciones diplomáticas con El Salvador para traer de regreso a Cristian, y consideró que ese tipo de decisiones corresponden al poder ejecutivo.
Contexto del caso y la Ley de Enemigos Extranjeros
Cristian fue deportado en marzo bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, una legislación de tiempos de guerra que Trump ha utilizado para acelerar las expulsiones de supuestos miembros de pandillas, en este caso de la organización Tren de Aragua, con origen en Venezuela.
Durante una audiencia reciente, la jueza Gallagher señaló que las autoridades prácticamente no habían tomado medidas para cumplir con su orden de facilitar el regreso del joven desde la prisión salvadoreña donde estaba recluido. Resaltó que el acuerdo que protege a jóvenes migrantes no contempla excepciones basadas en la ley invocada por la administración para justificar la deportación.
Derechos de los solicitantes de asilo y respuesta judicial
La jueza Gallagher destacó la importancia del debido proceso y el derecho de Cristian a disputar las acusaciones en su contra. “El proceso es importante”, afirmó, remarcando que la expulsión le negó la oportunidad de presentar su caso y violó los términos del acuerdo de conciliación que ampara a migrantes jóvenes con solicitudes de asilo activas.
La jueza Benjamin, en su voto conjunto con Gregory, coincidió en que la deportación privó a Cristian de la oportunidad de defenderse y de recibir el proceso que le corresponde según la ley y los acuerdos vigentes.
Impacto político y legal en la política migratoria de Trump
Este fallo representa una nueva derrota judicial para la administración Trump en su esfuerzo por restringir la entrada y permanencia de solicitantes de asilo en EE.UU., especialmente aquellos que llegan desde América Latina.
La Corte Suprema ya ha intervenido en casos similares, respaldando decisiones que protegen los derechos de migrantes y limitan el uso de medidas ejecutivas para acelerar deportaciones. Con esta división en el 4º Circuito, es probable que el caso de Cristian llegue próximamente a la Corte Suprema, donde se definirá el alcance del poder ejecutivo en materia migratoria.
En medio de un clima político polarizado, el caso también refleja la tensión entre la administración Trump y el sistema judicial, que busca mantener un equilibrio entre seguridad nacional y protección de derechos humanos.