¿Qué pasará con los aranceles tras el revés judicial que pone en jaque a la ofensiva de Trump?
Un tribunal federal en Nueva York bloqueó esta semana una de las medidas más agresivas del presidente Donald Trump en materia comercial, al dictaminar que su administración se extralimitó al imponer nuevos aranceles generalizados sin aprobación del Congreso. La decisión representa un duro revés a los intentos de Trump por transformar radicalmente la política comercial de Estados Unidos y marca un punto de inflexión en el uso presidencial de poderes de emergencia para fines económicos.
El fallo fue emitido por un panel de tres jueces del Tribunal de Comercio Internacional, el cual determinó que la Administración Trump utilizó indebidamente la Ley de Poderes Económicos para Emergencias Internacionales (IEEPA) de 1977, una norma concebida para responder a amenazas exteriores, no para corregir desequilibrios comerciales de larga data. Según el tribunal, declarar como “emergencia nacional” el déficit comercial acumulado por EE.UU. durante décadas no se justifica bajo los términos legales establecidos por la IEEPA.
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Aranceles masivos bajo revisión judicial
En abril, Trump impuso aranceles recíprocos de hasta el 50% sobre importaciones provenientes de países con los que Estados Unidos mantiene déficit comercial. Además, decretó aranceles base del 10% a casi todos los demás países. Aunque posteriormente suspendió temporalmente los recíprocos durante 90 días para dar margen a renegociaciones, los aranceles base siguieron en pie.
La justificación oficial fue que los déficits crónicos ponían en riesgo la seguridad económica del país. La medida se sumó a una serie de tarifas ya impuestas contra China, México y Canadá, esta vez alegando que los flujos irregulares de migración y drogas a través de las fronteras también representaban una emergencia nacional.
La decisión judicial bloquea ahora gran parte de estos nuevos aranceles, pero deja intactas otras tarifas anteriores impuestas por Trump, como las que afectan al acero, el aluminio y los automóviles, ya que estas se sustentaron en otras leyes, como la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial, que sí requiere una investigación previa del Departamento de Comercio.
Reacciones desde el sector público y privado
El fallo judicial fue producto de múltiples demandas acumuladas, incluyendo acciones legales interpuestas por pequeñas empresas estadounidenses y por fiscales generales de 12 estados. Argumentaron que los aranceles estaban afectando gravemente a los consumidores, a la industria y a la estabilidad económica general del país, sin haber pasado por el debido proceso legislativo.
Especialistas en comercio internacional advierten que este fallo podría tener implicaciones importantes para las negociaciones en curso entre EE.UU. y sus socios comerciales. “Es probable que muchos países opten por no hacer concesiones mientras la legalidad de los aranceles siga en disputa”, explicó Wendy Cutler, exfuncionaria de comercio de EE.UU. y actual vicepresidenta del Asia Society Policy Institute.
Empresas estadounidenses también podrían verse obligadas a ajustar rápidamente sus cadenas de suministro, ante la incertidumbre de si los aranceles podrían volver a ser implementados si el Gobierno apela y gana en instancias superiores.
¿Qué sigue para la política comercial de Trump?
El fallo deja claro que el presidente no puede utilizar poderes de emergencia como vía rápida para rediseñar la política comercial sin supervisión del Congreso. Eswar Prasad, profesor de política económica en la Universidad de Cornell, sostuvo que la decisión judicial “destruye la justificación del Gobierno para usar poderes extraordinarios con fines comerciales” y refuerza los límites constitucionales al Ejecutivo.
Aun así, el presidente Trump mantiene herramientas legales más restringidas, como la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, que permite imponer aranceles de hasta el 15% durante 150 días contra países con los que existen déficits significativos. Esta vía, sin embargo, requiere pruebas más concretas y procesos más estructurados que el uso de la IEEPA.
Por ahora, la batalla legal está lejos de terminar. La Casa Blanca ha anunciado su intención de apelar el fallo ante el Tribunal Federal de Apelaciones en Washington. Algunos expertos anticipan que el caso podría llegar hasta la Corte Suprema, dada la relevancia constitucional del uso del poder presidencial en temas comerciales.
Mientras tanto, la decisión judicial representa un freno importante a una de las principales banderas de la administración Trump: el uso de aranceles como arma de presión internacional. También ofrece un respiro temporal a empresas, consumidores y países aliados que habían sido golpeados por la incertidumbre económica generada por la política comercial más proteccionista de las últimas décadas en Estados Unidos.