Despidos en agencia de salud fueron ilegales, afirma jueza federal de EE.UU.

Una jueza federal en Rhode Island detuvo temporalmente los despidos en el Departamento de Salud de EE.UU., impulsados por el gobierno de Trump, al considerar que violaban la ley y ponían en riesgo programas públicos esenciales.

Los despidos en agencia de salud impulsados por la administración del presidente Donald Trump han sido calificados como probablemente ilegales por una jueza federal, quien ordenó su suspensión inmediata tras una demanda presentada por una coalición de 19 estados y el Distrito de Columbia.

La jueza Melissa DuBose, del tribunal de distrito de Providence, emitió una orden judicial preliminar que bloquea cualquier nuevo despido en el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés), una de las agencias más importantes del gobierno federal en materia de salud pública. En su fallo de 58 páginas, DuBose consideró que los cambios propuestos por el Ejecutivo eran “arbitrarios, caprichosos y contrarios a la ley”.

Los despidos en agencia de salud impactan programas clave

Según la demanda, los despidos en agencia de salud afectaron a más de 10.000 trabajadores federales, incluyendo empleados de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la Oficina de Head Start, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y divisiones regionales que gestionan programas dirigidos a la infancia, la nutrición, la salud sexual y la prevención de enfermedades infecciosas como el VIH y la hepatitis.

Un grupo de personas protestan en la sede de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), en Atlanta, por los despidos anunciados por el Gobierno, el 29 de marzo de 2025. EFE/Erik S. LesserUn grupo de personas protestan en la sede de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), en Atlanta, por los despidos anunciados por el Gobierno, el 29 de marzo de 2025. EFE/Erik S. Lesser

Entre las áreas más golpeadas están las que gestionan programas de salud maternoinfantil, seguridad alimentaria, control del tabaco y prevención del VIH. Diversos estados han alertado que la eliminación de estos equipos podría tener efectos graves en la capacidad local de respuesta ante emergencias sanitarias y en la continuidad de programas esenciales para poblaciones vulnerables.

“Estos despidos en agencia de salud no solo fueron ejecutados sin base legal, sino que también han desmantelado programas fundamentales para la salud pública”, afirmó uno de los fiscales generales demandantes, que calificó la reestructuración como una forma de trasladar cargas económicas a los estados sin una evaluación técnica previa.

Trump y Kennedy defendieron la reestructuración

El secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., impulsó en marzo una reestructuración radical del Departamento bajo el lema federal “Hacer Estados Unidos Saludable de Nuevo”, que buscaba reducir el tamaño de las agencias y eliminar duplicidades. Kennedy fusionó 28 agencias del HHS en solo 15 y justificó los despidos en agencia de salud por motivos de eficiencia.

El candidato presidencial independiente Robert F. Kennedy Jr., en una fotografía de archivo. EFE/EPA/Adam Davis

Durante una audiencia en el Senado, Kennedy aseguró que el departamento estaba “lleno de caos y desorganización”, y que los recortes permitirían mejorar la gestión. Sin embargo, reconoció más tarde que al menos el 20% de los despidos podrían revertirse debido a errores en la selección del personal.

A pesar de sus argumentos, varios expertos en derecho administrativo sostienen que el Poder Ejecutivo no tiene facultades unilaterales para alterar la estructura interna de agencias creadas por el Congreso. La jueza DuBose coincidió con esta interpretación y subrayó que la administración Trump había actuado sin el respaldo legal necesario.

Los despidos en agencia de salud enfrentan nueva batalla legal

La orden emitida por la jueza federal prohíbe no solo la continuación de los despidos ya anunciados, sino también la ejecución de cualquier recorte adicional. Además, el Departamento de Salud está obligado a presentar un informe de estado antes del 11 de julio, en el que deberá detallar cómo planea cumplir con la orden judicial.

En paralelo, diversas organizaciones profesionales, como asociaciones de médicos y trabajadores de la salud pública, han expresado su respaldo a la demanda. Muchos advierten que los despidos en agencia de salud podrían generar vacíos críticos en la vigilancia de enfermedades, la regulación de productos alimenticios y medicamentos, y el apoyo técnico a los estados en temas como emergencias sanitarias y acceso a servicios.

Mientras tanto, algunos departamentos afectados ya comenzaron a revertir parcialmente los despidos. En los CDC, por ejemplo, se reincorporó a personal que monitorea enfermedades infecciosas y campañas de vacunación. No obstante, activistas insisten en que se requiere una revisión completa del proceso de reestructuración y una consulta pública adecuada.

El impacto de estos despidos también ha alcanzado al programa Head Start, que beneficia a niños de familias de bajos ingresos con servicios de educación temprana, nutrición y apoyo a la salud. Diversos estados denunciaron que la eliminación de personal en estas áreas pone en riesgo a decenas de miles de menores en todo el país.

A la espera de un pronunciamiento final, los estados demandantes siguen considerando nuevas medidas judiciales si el Departamento de Salud no acata plenamente la orden. Por su parte, el gobierno federal no ha emitido comentarios adicionales, aunque se espera una respuesta formal en los próximos días.

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