El Departamento de Eficiencia Gubernamental, conocido como DOGE, ha recibido luz verde este martes 27 de mayo para acceder a sistemas sensibles del Departamento del Tesoro, según un fallo judicial que ha reavivado el debate sobre la privacidad y el manejo de fondos federales. La jueza federal Jeannette Vargas dictaminó que el equipo respaldado por Elon Musk puede ahora trabajar con datos que controlan billones de dólares en pagos y contienen información personal de millones de estadounidenses. El tema sigue generando controversia entre demócratas y defensores de la privacidad, mientras la administración Trump defiende la medida como un paso hacia la eficiencia gubernamental.
La decisión de Vargas llega después de meses de disputas legales. A principios de este año, en febrero, la misma jueza había bloqueado el acceso de DOGE a estos sistemas, argumentando que la administración Trump había actuado de manera «caótica y aleatoria» al otorgar permisos sin considerar los riesgos de seguridad y privacidad.
Sin embargo, en su fallo más reciente, Vargas señaló que la administración ha implementado un proceso adecuado para capacitar al personal de DOGE, lo que reduce las posibilidades de divulgaciones indebidas de datos privados. «Las partes están de acuerdo en que a los nuevos empleados de DOGE se les debe permitir tener acceso a los sistemas de pago», escribió la jueza en su decisión de ocho páginas, dejando claro que el Tesoro no necesitará autorización judicial para incorporar más miembros al equipo si cumplen con los requisitos de formación.
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DOGE y la batalla por los datos sensibles
El caso comenzó cuando una coalición de 19 estados con fiscales generales demócratas, liderada por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, presentó una demanda para impedir que DOGE accediera a los sistemas de pago de la Oficina del Servicio Fiscal. Estos sistemas manejan más de 1.2 billones de transacciones al año, incluyendo pagos de Seguridad Social, salarios federales y reembolsos de impuestos. James había calificado las acciones de DOGE como una «toma ilegal de poder», advirtiendo que el acceso podía poner en riesgo la información personal de millones de ciudadanos, como números de Seguro Social, datos bancarios y direcciones.
A pesar de las críticas, los estados demócratas no se opusieron a que DOGE accediera a los datos siempre que se garantizaran medidas de seguridad adecuadas. La decisión de Vargas refleja este acuerdo, permitiendo que el personal de DOGE, tras recibir capacitación, interactúe con los sistemas. La jueza también había relajado algunas restricciones previas antes de este fallo, permitiendo que ciertos miembros, como Ryan Wunderly, un asesor especial contratado para modernización tecnológica, tuvieran acceso limitado desde abril, siempre que cumplieran con entrenamientos específicos y presentaran informes financieros.
El impacto del acceso a los sistemas del Tesoro
El acceso de DOGE a datos sensibles, como el del sistema del Tesoro, ha sido un tema candente desde que el grupo, impulsado por Elon Musk, comenzó a operar bajo la administración Trump. A principios de este año, se reportó que el equipo intentó usar estos sistemas para detener pagos a programas que consideraban innecesarios, lo que generó temores entre demócratas sobre posibles recortes a iniciativas esenciales como Seguridad Social y Medicaid. Aunque el Tesoro ha insistido en que DOGE solo tiene acceso de «lectura» y no puede alterar pagos, la desconfianza persiste entre quienes ven este movimiento como un intento de Musk y Trump de ejercer un control político sobre los fondos federales.
La controversia no es nueva. Desde febrero, las tensiones han ido en aumento, con protestas frente a la sede del Tesoro y múltiples demandas presentadas por sindicatos y grupos de defensa de la privacidad. La decisión de Vargas podría marcar un punto de inflexión, pero también deja abierta la posibilidad de más desafíos legales mientras las comunidades y los estados afectados evalúan cómo este acceso impactará la seguridad de los datos y la distribución de fondos federales. Por ahora, el Departamento del Tesoro sigue trabajando para cumplir con las exigencias judiciales, mientras el debate sobre el rol de DOGE en el gobierno continúa dividiendo opiniones.