El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este lunes un memorando que marca un retorno a una línea dura en la política estadounidense en Cuba, al imponer nuevas restricciones a las transacciones financieras y a los viajes desde y hacia la isla.
Según informó la Casa Blanca, las nuevas directrices buscan cortar el flujo de recursos hacia el aparato militar cubano, específicamente hacia el conglomerado GAESA (Grupo de Administración Empresarial S.A.), una red empresarial controlada por las Fuerzas Armadas Revolucionarias que concentra buena parte del turismo, transporte y finanzas en Cuba.
Este nuevo paso del Gobierno estadounidense refuerza el embargo económico vigente desde hace más de seis décadas y anula algunas de las medidas flexibilizadoras impulsadas por la administración de Joe Biden durante sus primeros años de gobierno.
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El objetivo: debilitar la estructura militar a través de la política estadounidense en Cuba
En el comunicado oficial, el gobierno de Trump afirmó que el memorando “pone fin a las prácticas económicas que benefician desproporcionadamente al gobierno, las fuerzas armadas y las agencias de inteligencia cubanas a expensas del pueblo cubano”.
Fotografía general de archivo del Malecón de La Habana (Cuba). EFE/ Ernesto Mastrascusa
En la práctica, esto se traduce en la prohibición de cualquier transacción directa o indirecta con empresas afiliadas a GAESA, así como en una mayor fiscalización sobre entidades financieras extranjeras que mantengan relaciones con dichas empresas.
Además, el documento dispone que se refuerce el cumplimiento de la prohibición legal del turismo estadounidense en Cuba. Esto se realizará mediante auditorías periódicas y el control detallado de los registros relacionados con viajes por un periodo mínimo de cinco años.
La administración Trump sostiene que este nuevo enfoque de la política estadounidense en Cuba responde a la necesidad de apoyar al pueblo cubano en su “lucha por la libertad” y de sancionar al régimen por sus violaciones a los derechos humanos.
Reacciones en la isla ante el nuevo enfoque de la política estadounidense en Cuba
Las autoridades cubanas aún no han emitido una declaración oficial en respuesta al memorando, pero medios estatales han calificado la decisión como una “provocación política” y un intento de “asfixia económica”.

Fotografía de archivo de las banderas de Estados Unidos (i) y de Cuba (d). EFE/ Ernesto Mastrascusa
Varios analistas en La Habana anticipan que estas restricciones afectarán directamente a sectores como el turismo, que representa más del 10% del PIB de la isla, y a los pequeños emprendedores privados que dependen del flujo de visitantes estadounidenses.
El economista cubano Ricardo Torres advirtió que este nuevo paso “no solo busca debilitar al aparato estatal, sino también frenar el crecimiento del incipiente sector privado, que necesita insumos y divisas para funcionar”.
Un giro frente a las medidas impulsadas por Biden
Durante su mandato, Joe Biden había relajado algunas de las medidas más estrictas impuestas por Trump, como la limitación a los vuelos comerciales, la suspensión de las remesas familiares y las restricciones para ciertas visitas educativas y religiosas.
El nuevo memorando revierte esa línea, al reestablecer varias de las sanciones eliminadas por Biden. Asimismo, solicita una revisión exhaustiva de la situación de los derechos humanos en la isla, con énfasis en las detenciones arbitrarias, tratos inhumanos y la situación de los fugitivos de la justicia estadounidense presuntamente albergados por el gobierno cubano.
“La política estadounidense en Cuba debe reflejar los principios de libertad y justicia que rigen nuestra nación”, afirmó Trump en su declaración oficial, publicada tras la firma del documento.
Los efectos sobre la comunidad cubanoamericana
En ciudades como Miami, donde reside una amplia comunidad cubanoamericana, las reacciones fueron mixtas. Mientras organizaciones como la Fundación Nacional Cubano-Americana aplaudieron el retorno a una política de “presión total”, activistas por los derechos migratorios manifestaron su preocupación por las posibles consecuencias para familias divididas por la frontera.
“No se trata solo de política. Esto afectará la reunificación familiar, el envío de ayuda y el intercambio cultural entre ambos países”, indicó Rosa María Paya, directora de la organización Cuba Decide.
El Departamento de Estado, por su parte, ha iniciado una campaña de comunicación para informar a agencias de viaje, bancos y empresas de servicios sobre los cambios que entrarán en vigor en los próximos 30 días.
Se espera que estas restricciones tengan un impacto inmediato en los vuelos chárter, en la oferta hotelera y en el uso de plataformas digitales de reservas turísticas como Airbnb, que había comenzado a operar en Cuba en 2015 durante el deshielo diplomático impulsado por Barack Obama.