Una nueva política del Departamento de Justicia permite iniciar procesos civiles para despojar a inmigrantes naturalizados de su ciudadanía estadounidense si cometieron ciertos delitos.
El Gobierno de Donald Trump ha autorizado este mes a sus abogados del Departamento de Justicia a iniciar procedimientos civiles para revocar la ciudadanía a inmigrantes naturalizados que, según las autoridades, hayan cometido delitos civiles graves o hayan mentido durante su proceso de naturalización.
Esta directiva, emitida el 11 de junio en un memorando interno, busca facilitar la revocación de la ciudadanía en casos donde el solicitante supuestamente “obtuvo ilegalmente” la naturalización o “ocultó un hecho material o tergiversó información de forma deliberada” en sus formularios migratorios.
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Ciudadanía en riesgo: más discrecionalidad para revocar naturalizaciones
El documento firmado por el fiscal general adjunto, Brett A. Shumate, establece que los abogados federales pueden presentar demandas civiles de desnaturalización sin necesidad de cargos penales previos. A diferencia de los procedimientos penales, los juicios civiles no garantizan el derecho a un abogado defensor y tienen un umbral probatorio más bajo para el Gobierno.
Foto: EFE
La medida ha generado preocupación entre organizaciones de derechos civiles, ya que podría afectar derechos fundamentales de los inmigrantes naturalizados. En declaraciones a NPR, la abogada Sameera Hafiz, del Centro de Recursos Legales para Inmigrantes, señaló que esta política “crea una segunda categoría de ciudadanos estadounidenses”, más vulnerables que aquellos nacidos en el país.
Según el memorando, la prioridad serán los casos que involucren crímenes graves como abusos a derechos humanos, crímenes de guerra, ejecuciones extrajudiciales o fraude migratorio. También se incluyen delitos financieros, como fraude a Medicaid o Medicare, o estafas a individuos.
Procedimientos civiles y la amenaza a la ciudadanía adquirida
El caso más reciente ocurrió el 13 de junio, cuando un juez federal ordenó la revocación de la ciudadanía a Elliott Duke, un inmigrante británico que sirvió en el Ejército estadounidense y que fue condenado por posesión y distribución de material de abuso sexual infantil. Según las autoridades, Duke cometió el delito antes de naturalizarse, pero ocultó esa información al solicitar la ciudadanía.
El presidente Donald Trump. Foto: EFE
Aunque la administración de Barack Obama también utilizó la desnaturalización en ciertos casos, la política de Trump representa un giro más agresivo y sistemático. La práctica ya había sido reactivada durante su primer mandato, y ahora se posiciona nuevamente como una prioridad del Departamento de Justicia bajo su liderazgo.
“El objetivo es que la desnaturalización se convierta en una herramienta central de protección para la seguridad nacional”, se lee en el memorando. La División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia ha sido instruida para colocar este tipo de acciones dentro de sus cinco principales prioridades.
¿Cuántas personas podrían perder la ciudadanía?
Estados Unidos contaba con aproximadamente 25 millones de ciudadanos naturalizados hasta 2023, según datos del Migration Policy Institute. Cada año, entre 700,000 y 800,000 inmigrantes adquieren la ciudadanía estadounidense a través del proceso de naturalización.
Aunque los intentos de desnaturalización durante la primera administración de Trump aumentaron en comparación con años anteriores, los casos confirmados no llegaron a superar el 0.5% del total de naturalizaciones anuales. No obstante, los expertos temen que esta nueva política tenga un efecto disuasorio en las comunidades inmigrantes, especialmente aquellas que están en proceso de solicitar la ciudadanía o renovar su estatus migratorio.
El abogado de inmigración Mario Lovo explicó a Noticias Telemundo que los procedimientos de desnaturalización son “largos, tediosos y costosos para el Gobierno”. Aun así, el memorando indica que los recursos necesarios serán asignados para perseguir estos casos de manera prioritaria.
La Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) también ha expresado su preocupación. En un comunicado reciente, indicó que “el uso de procedimientos civiles para revocar la ciudadanía, sin las garantías procesales de un juicio penal, representa un serio retroceso en la protección de los derechos fundamentales de quienes han jurado lealtad a Estados Unidos”.
Ciudadanía estadounidense bajo nuevas reglas
Desde una perspectiva legal, la ciudadanía estadounidense, aunque permanente en principio, no es irreversible. La ley permite su revocación si se demuestra que fue adquirida mediante fraude, tergiversación o si el solicitante ocultó hechos relevantes.
Sin embargo, el uso de procedimientos civiles como herramienta para despojar a ciudadanos naturalizados de sus derechos sin ofrecerles acceso garantizado a representación legal ha sido duramente criticado.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) considera que estas medidas podrían usarse de manera desproporcionada para intimidar a comunidades inmigrantes y reducir la participación política de los nuevos ciudadanos.
La decisión de revocar la ciudadanía ya no depende solo de tribunales penales, sino de procesos administrativos más expeditivos, donde el acusado no siempre cuenta con los medios para defenderse adecuadamente.
En un año electoral marcado por la migración y la seguridad nacional como ejes clave, la política de desnaturalización civil puede convertirse en un nuevo punto de controversia en la agenda de Trump.