Gobierno investiga red de donaciones a campañas: ¿Demócratas y Trump están en la mira?
El gobierno federal ha iniciado una investigación sobre donaciones sospechosas recibidas por plataformas de recaudación política, enfocándose inicialmente en ActBlue, la herramienta digital preferida por candidatos y organizaciones demócratas. La decisión de investigar a esta plataforma ha generado controversia, pues se ha revelado que los comités del presidente Donald Trump también han recibido cientos de donaciones potencialmente irregulares.
ActBlue reconoció haber recibido más de 200 aportes cuestionables desde direcciones IP extranjeras el año pasado. Sin embargo, datos revisados por la agencia AP muestran que comités asociados a Trump habrían recibido al menos 1,600 aportaciones similares en los últimos cinco años, provenientes de personas con vínculos en el extranjero, sin identificación clara o desde direcciones inexistentes.
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Donaciones a Trump: montos y orígenes bajo la lupa
Entre los casos más llamativos se encuentra el de un empresario chino, Jiajun «Jack» Zhang, quien donó 5,000 dólares utilizando la plataforma WinRed, la equivalente republicana de ActBlue. Su dirección registrada correspondía a un hotel en California, mientras su empresa opera en China y él reside en la provincia de Shandong, según registros empresariales.
Otra donación, por un millón de dólares, fue realizada por Nnenna Peters, esposa del magnate nigeriano Benedict Peters, dueño de un conglomerado energético africano. Aunque Peters es ciudadano extranjero, su esposa es ciudadana naturalizada en EE.UU., lo que plantea dudas sobre si el dinero utilizado era de fondos conjuntos, como exige la ley.
Además, más de 1,000 aportes al comité de Trump provinieron de individuos que no proporcionaron datos básicos como dirección, ciudad o país, y al menos 90 contribuciones fueron hechas por personas identificadas como “anónimas” o con información incompleta, según registros oficiales.
Reacciones políticas: acusaciones cruzadas y temor a represalias
Desde el entorno demócrata, líderes y estrategas acusan al presidente Trump de usar las instituciones para castigar a sus rivales políticos. Ezra Reese, abogado experto en derecho electoral, calificó la investigación como una ofensiva dirigida para “obstaculizar a sus oponentes”.
El temor a que la investigación termine desmantelando a ActBlue ha provocado alarma en las filas demócratas. Según Matt Hodges, exdirector de ingeniería de la campaña de Joe Biden en 2020, una paralización de la plataforma podría costar hasta 10 millones de dólares en pérdidas inmediatas, justo antes de las elecciones legislativas de 2026.
Por su parte, la Casa Blanca ha evitado responder sobre las posibles irregularidades en la recaudación del presidente, enfocándose exclusivamente en los hallazgos de una reciente investigación de la Cámara Baja, dominada por republicanos, que señala a ActBlue como responsable de posibles violaciones.
Normativa electoral y el difícil control de donaciones
La ley federal prohíbe que candidatos y comités políticos acepten donaciones de extranjeros o a través de intermediarios. También impone límites estrictos por individuo y sanciona el lavado de aportes, una práctica que consiste en ocultar el verdadero origen del dinero. Sin embargo, la detección de estas prácticas es compleja, especialmente cuando los donantes utilizan criptomonedas, direcciones falsas o datos incompletos.
Un ejemplo de estas dificultades se vio en una serie de contribuciones hechas desde una dirección falsa en Washington D.C., donde antes funcionaba una funeraria. Un donante identificado como «Alex, A» entregó cerca de 5,000 dólares en más de 40 transacciones separadas.
Historial de indulgencia y perdones presidenciales
Trump ha mostrado en el pasado una actitud permisiva hacia casos de financiamiento ilegal. Durante su primer mandato, indultó a varias figuras condenadas por violaciones similares, como el excongresista Duncan Hunter y el comentarista Dinesh D’Souza. También desestimó cargos contra el exrepresentante Jeff Fortenberry, acusado de aceptar 30,000 dólares de un empresario nigeriano.
Entre otros casos polémicos está Barry Zekelman, multimillonario canadiense multado con 975,000 dólares por canalizar fondos a un super PAC aliado de Trump. Ese mismo grupo también recibió aportes de Lev Parnas e Igor Fruman, empresarios nacidos en la antigua Unión Soviética, condenados por usar testaferros para financiar campañas.
El debate sobre la imparcialidad de la investigación
Analistas advierten que, aunque el financiamiento extranjero en campañas estadounidenses es un problema real, la selectividad en las investigaciones puede socavar la legitimidad del proceso. “No es legítimo señalar a un solo oponente político y fingir que el problema se limita a él”, afirmó Dan Weiner, exabogado de la Comisión Federal de Elecciones.
Megan Hughes, portavoz de ActBlue, aseguró que el enfoque del gobierno es preocupante dado que las plataformas republicanas, como WinRed, también presentan irregularidades similares. Mientras tanto, los republicanos argumentan que ActBlue relajó sus mecanismos de seguridad en 2024, lo que justificaría una investigación exhaustiva.
El trasfondo político no puede ignorarse: ActBlue recaudó más de 3,800 millones de dólares en el último ciclo electoral, superando ampliamente a WinRed. Esto convierte a la plataforma en un objetivo tanto estratégico como simbólico en la batalla por el control del Congreso en 2026.