En un importante giro legal, un juez federal de California bloqueó temporalmente la aplicación de varias órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump que afectaban directamente a programas de diversidad e inclusión y a los derechos de personas transgénero en Estados Unidos.
La decisión, emitida el lunes por el juez Jon Tigar, impide que el gobierno federal condicione el financiamiento de subvenciones públicas a la eliminación de contenidos o servicios relacionados con la diversidad, equidad e inclusión (DEI), así como al reconocimiento de personas transgénero.
“La administración no puede usar los fondos federales para censurar ideas o discriminar a comunidades protegidas”, escribió Tigar en su resolución.
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El fallo judicial representa un importante revés político para la Casa Blanca y ha sido recibido como una victoria por organizaciones LGBTQ+ en todo el país.
Juez detiene órdenes contra derechos trans en programas con financiamiento federal
La demanda fue presentada por diversos centros de salud y grupos de apoyo a la comunidad LGBTQ+, incluyendo la San Francisco AIDS Foundation y la Gay Lesbian Bisexual Transgender Historical Society. Estas organizaciones reciben fondos del gobierno federal y aseguraron que las órdenes ejecutivas dificultaban o imposibilitaban cumplir con sus misiones institucionales.
Uno de los casos más destacados fue el de la San Francisco AIDS Foundation, que en 2023 obtuvo una subvención de cinco años por $1.3 millones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). El objetivo era mejorar servicios de salud sexual y prevención de infecciones, específicamente dirigidos a comunidades vulnerables.
Pesonas de la comunidad LGTBI durante una marcha en contra de Donald Trump. Foto de archivo: Christian Monterrosa/EFE
Sin embargo, en abril de este año, la organización recibió un comunicado del CDC ordenándole que “terminara inmediatamente todos los programas, personal, actividades o contratos que promuevan DEI o ideología de género”.
Ante esta medida, la organización acudió a los tribunales argumentando que estas exigencias violaban el derecho constitucional a la libertad de expresión y representaban una forma de discriminación institucionalizada. El juez Tigar coincidió con estos argumentos, indicando que el poder ejecutivo “no puede convertir en arma los fondos asignados por el Congreso para señalar a comunidades protegidas”.
El juez detiene órdenes contra derechos trans en medio de tensiones políticas
Desde su regreso a la presidencia en enero de 2025, Donald Trump ha firmado varias órdenes ejecutivas orientadas a eliminar protecciones federales a personas transgénero y a limitar los programas de DEI en agencias, escuelas y organizaciones que reciben fondos públicos.
Según sus abogados, estas medidas forman parte de un plan para “alinear las estrategias de financiamiento del gobierno con su agenda política”. No obstante, grupos de derechos civiles sostienen que estas acciones equivalen a censura y discriminación.
El juez Tigar subrayó que el poder presidencial no es absoluto, incluso cuando se trata de subsidios federales. “El Ejecutivo debe actuar conforme a la Constitución. No puede suprimir ideas que le desagradan ni castigar a comunidades específicas mediante recortes financieros arbitrarios”, señaló.
Aunque se espera que la administración apele el fallo, la orden de suspensión se mantendrá vigente mientras continúa el proceso judicial. Esto implica que, por ahora, las organizaciones podrán continuar sus programas de diversidad y apoyo a personas trans sin temor a perder financiamiento federal.
Organizaciones celebran que el juez detiene órdenes contra derechos trans
El fallo ha generado reacciones inmediatas en todo el país. Voceros de las organizaciones demandantes expresaron su alivio y reafirmaron su compromiso con la equidad.
“Esta victoria es fundamental para la salud y dignidad de nuestras comunidades. No se puede condicionar la existencia de personas trans a decisiones políticas”, declaró la San Francisco AIDS Foundation en un comunicado.
Pesonas de la comunidad LGTBI durante una protesta en contra de Donald Trump. Foto de archivo: Porter Binks/EFE
Por su parte, representantes de la Gay Lesbian Bisexual Transgender Historical Society señalaron que este tipo de medidas no solo afectan a organizaciones, sino que envían un mensaje de exclusión a miles de personas que ya enfrentan altos niveles de discriminación.
Diversos analistas legales aseguran que el caso podría llegar hasta la Corte Suprema si la administración Trump decide seguir presionando por mantener sus directrices.
El precedente que se establece podría definir los límites del poder ejecutivo en el uso de fondos públicos, especialmente en contextos donde la libertad de expresión y los derechos de comunidades vulnerables están en juego.
En medio de un ambiente político polarizado y con la campaña presidencial de 2028 ya en marcha, la decisión del juez Tigar refuerza la creciente tensión entre el gobierno federal y los tribunales sobre el rumbo de las políticas de inclusión en Estados Unidos.