Juez frena intento de Trump de despedir a miles en Educación
Un juez federal en Boston bloqueó este jueves la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que buscaba despedir a más de mil empleados del Departamento de Educación como parte de un plan para reducir su tamaño y avanzar hacia su cierre. El fallo judicial representa un duro revés para una de las promesas clave de campaña del mandatario republicano, quien ha insistido en que la agencia es innecesaria.
La decisión fue emitida por el juez Myong Joun, quien concedió una orden judicial preliminar que prohíbe temporalmente a la administración seguir adelante con su plan de reestructuración. Además, ordenó la reincorporación inmediata de los trabajadores despedidos el pasado 11 de marzo.
Demandas de maestros y fiscales generales detienen los despidos
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La medida responde a dos demandas consolidadas: una presentada por distritos escolares de Massachusetts, en conjunto con la Federación Estadounidense de Maestros (AFT), y otra liderada por una coalición de 21 fiscales generales demócratas. Ambos grupos argumentaron que la acción del gobierno constituía un cierre ilegal del Departamento de Educación, una institución clave en la implementación de políticas federales educativas.
Los demandantes señalaron que los despidos afectaron áreas sensibles como la educación especial, la distribución de ayuda financiera a estudiantes y la aplicación de leyes de derechos civiles en instituciones educativas. El argumento central: el recorte masivo impide al departamento cumplir sus responsabilidades legales.
“Paralización total del Departamento”, advierte el juez
En su fallo, el juez Joun destacó que los recortes impuestos por la Casa Blanca probablemente “paralizarían” al Departamento de Educación. Afirmó que los despidos generan daños irreparables, incluyendo la pérdida de servicios fundamentales para estudiantes vulnerables, la interrupción del acceso a información vital y un impacto financiero significativo para las instituciones educativas.
“La idea de que estas acciones son meramente una ‘reorganización’ es claramente falsa”, escribió Joun en su resolución, subrayando que el despido de más de 1,300 empleados federales representa mucho más que un ajuste administrativo.
El gobierno de Trump apelará la decisión
La administración de Trump respondió con dureza al fallo. “Una vez más, un juez de extrema izquierda ha excedido su autoridad y bloqueado esfuerzos legales para hacer al Departamento de Educación más eficiente”, expresó Madi Biedermann, portavoz de la Casa Blanca.
El gobierno argumenta que la reestructuración busca mejorar la eficiencia del sistema, no cerrar la agencia. Aunque Trump ha manifestado su intención de eliminar el Departamento de Educación, reconoce que esa medida requiere la aprobación del Congreso.
Actualmente, la plantilla de la agencia se ha reducido a cerca de la mitad de los 4,100 empleados que tenía al inicio del mandato de Trump. Esta disminución se ha dado por despidos directos, programas de retiro voluntario y el cierre de posiciones vacantes.
Organizaciones celebran la protección a trabajadores y estudiantes
Para los opositores al plan de Trump, el fallo representa una victoria significativa. “La orden de hoy bloquea los despidos masivos de servidores civiles de carrera y protege el funcionamiento del Departamento mientras se litiga esta acción ilegal”, afirmó Skye Perryman, presidenta de Democracy Forward, la organización que representa a los demandantes en Massachusetts.
Por su parte, Randi Weingarten, presidenta de la Federación Estadounidense de Maestros, calificó el fallo como “un primer paso para detener esta guerra contra la educación pública y la equidad de oportunidades”.
Un conflicto con implicaciones nacionales
El intento de desmantelar el Departamento de Educación ha sido uno de los temas más controvertidos de la administración Trump, generando divisiones entre quienes lo ven como una medida de eficiencia presupuestaria y quienes lo consideran un ataque directo a los derechos educativos.
La resolución judicial no pone fin al conflicto, pero sí establece una pausa significativa mientras el caso sigue su curso legal. Por ahora, el Departamento deberá reincorporar al personal despedido y mantener sus operaciones conforme a las normas establecidas por el Congreso.