La Ley de Enemigos Extranjeros (Alien Enemies Act) es una norma federal estadounidense aprobada el 6 de julio de 1798, dentro de las Leyes de Extranjería y Sedición, y está registrada en el Título 50 del Código de EE.UU., Sección 21.
Esta legislación concede al presidente facultades extensas para detener, limitar o expulsar a personas no ciudadanas mayores de 14 años, originarias o vinculadas a una nación o gobierno extranjero considerado enemigo, siempre que se dé una guerra declarada contra EE.UU. o una «invasión o ataque depredador» perpetrado, intentado o amenazado por una potencia extranjera, y tras una declaración pública del presidente.
A lo largo de la historia, se ha empleado en tres momentos clave:
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- Guerra de 1812: Se usó para supervisar a ciudadanos británicos en suelo estadounidense, aunque su implementación fue restringida.
- Primera Guerra Mundial: El presidente Woodrow Wilson la activó en 1917 tras la entrada de EE.UU. en el conflicto, afectando a miles de inmigrantes alemanes y austrohúngaros. Según los Archivos Nacionales, entre 1917 y 1920 se internó a unas 6,300 personas y se controló a más de 300,000 no ciudadanos de países enemigos.
- Segunda Guerra Mundial: Tras el ataque a Pearl Harbor en 1941, Franklin D. Roosevelt la invocó mediante proclamaciones (2525, 2526 y 2527) contra ciudadanos japoneses, alemanes e italianos no nacionalizados. Esto llevó a la detención de más de 31,000 personas entre 1941 y 1946, según el Departamento de Justicia, incluyendo unos 11,000 alemanes y 3,000 italianos, además de japoneses, aunque no justificó directamente el internamiento de ciudadanos estadounidenses de origen japonés (regulado por la Orden Ejecutiva 9066).
La ley permite al presidente definir las condiciones de restricción o expulsión, como el destino de los afectados, sin requerir un procedimiento judicial completo, lo que la hace particularmente amplia. No obstante, su uso está limitado a contextos de guerra o amenazas militares claras. Durante la Segunda Guerra Mundial, facilitó traslados a campos de internamiento o repatriaciones, e incluso se coordinó con países latinoamericanos para mover a inmigrantes de origen alemán o japonés hacia EE.UU. bajo el Programa de Control de Enemigos Extranjeros.
En la actualidad, no se ha aplicado oficialmente desde la Segunda Guerra Mundial, aunque ha vuelto a mencionarse en discusiones políticas. En 2025, el presidente Donald Trump intentó utilizarla para deportar a miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua, considerándolos un riesgo para la seguridad nacional. Sin embargo, el 15 de marzo de 2025, un juez federal suspendió temporalmente estas acciones, sugiriendo que su uso sin guerra declarada o invasión militar podría ser indebido, según informaron Telemundo y otros medios.
Organizaciones como el Brennan Center for Justice la critican por ser arcaica y susceptible de abusos, recordando su historial de vulneración de derechos civiles, como detenciones masivas sin juicio justo. Sus defensores la ven como un recurso legítimo para proteger al país en emergencias. A día de hoy, 16 de marzo de 2025, sigue en vigor, pero su aplicación continúa generando disputas legales y políticas.
Ley de Enemigos Extranjeros 2025: ¿arcaica y susceptible de abusos?
La Ley de Enemigos Extranjeros (Alien Enemies Act) de 1798 se considera arcaica y susceptible de abusos por varias razones fundamentadas en su diseño legal, su contexto histórico y los casos documentados de su aplicación. A continuación, te detallo los motivos con datos reales:
1. Origen y lenguaje desactualizado
La ley fue promulgada hace más de 225 años, el 6 de julio de 1798, en un contexto de temor a conflictos con Francia durante las tensiones previas a la Guerra de 1812 y como parte de las Leyes de Extranjería y Sedición. Su redacción refleja una época en la que no existían las normas modernas de derechos humanos ni las garantías constitucionales actuales para no ciudadanos.
Por ejemplo, el texto 50 permite al presidente actuar únicamente con una proclamación pública, sin supervisión judicial ni legislativa inmediata, lo que contrasta con los estándares legales actuales que exigen debido proceso, como lo establece la Quinta Enmienda de la Constitución de EE.UU.
2. Amplitud de poderes discrecionales
La ley otorga al presidente autoridad casi ilimitada para detener, restringir o deportar a no ciudadanos de países enemigos sin necesidad de pruebas individuales de amenaza. Durante la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, se internaron a más de 31,000 personas no ciudadanas entre 1941 y 1946 (según estimaciones del Departamento de Justicia), incluyendo a 14,000 japoneses, 11,000 alemanes y 3,000 italianos, muchos sin evidencia de actividades hostiles.
Un informe del Congreso de 1980, de la Comisión sobre Reubicación e Internamiento de Civiles en Tiempos de Guerra (CWRIC), encontró que estas acciones se basaron más en prejuicios raciales y paranoia que en riesgos reales, evidenciando su potencial para abusos.
3. Falta de debido proceso
La ley no exige audiencias judiciales ni derecho a defensa para los afectados, lo que viola principios modernos de justicia. En la Primera Guerra Mundial, se registraron 6,300 internamientos bajo esta autoridad entre 1917 y 1920 (Archivos Nacionales de EE.UU.), y muchos fueron retenidos sin cargos específicos.
El caso de Ludwig Martens, un inmigrante ruso deportado en 1921 bajo la ley, ilustra cómo se aplicó a individuos por meras sospechas políticas, no por actos comprobados. Organizaciones como el Brennan Center for Justice (en un análisis de 2016) argumentan que esta ausencia de salvaguardas legales la hace incompatible con la jurisprudencia actual, como el fallo de Hamdi v. Rumsfeld (2004), que garantiza revisión judicial incluso en casos de seguridad nacional.
4. Historial de abuso documentado
- Segunda Guerra Mundial: El uso más notorio ocurrió tras Pearl Harbor. Las proclamaciones de Roosevelt (2525, 2526 y 2527) llevaron a detenciones masivas basadas en origen nacional, no en conducta. El internamiento de japoneses no ciudadanos, por ejemplo, se justificó bajo esta ley, y el CWRIC concluyó en 1983 que fue motivado por «prejuicios raciales, histeria de guerra y fallos de liderazgo político», no por necesidad militar.
Además, unos 4,000 inmigrantes de origen alemán y japonés fueron trasladados desde América Latina a EE.UU. para internamiento, a menudo bajo presión diplomática, según el libro The Train to Crystal City de Jan Jarboe Russell (2015).
- Perfilamiento étnico: Durante la Primera Guerra Mundial, se impusieron restricciones a más de 300,000 no ciudadanos de países enemigos (como alemanes), incluyendo prohibiciones de poseer armas o vivir cerca de zonas militares, sin pruebas individuales de deslealtad.
5. Incompatibilidad con el derecho internacional moderno
Desde 1948, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Art. 9 y 10), y tratados como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ratificado por EE.UU. en 1992), se prohíben detenciones arbitrarias y se garantiza el derecho a un juicio justo. La Ley de Enemigos Extranjeros, al permitir detenciones masivas sin proceso, choca con estos estándares.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha criticado políticas similares en otros contextos por violar estos principios.