¿A quiénes afecta el bloqueo de despidos masivos ordenados por Trump?
Un tribunal federal de apelaciones confirmó la suspensión de las directivas de despidos masivos ordenadas por el presidente Donald Trump en diversas agencias del Gobierno federal. La decisión, tomada por el Tribunal de Apelaciones del 9º Circuito, representa un duro revés para la administración Trump en su intento por reducir el tamaño del Gobierno a través de las conocidas “reducciones de personal” o RIFs (por sus siglas en inglés).
La orden judicial detiene la implementación de despidos masivos desde el pasado 9 de mayo, cuando la jueza Susan Illston, de un tribunal inferior, falló que el presidente no tenía autoridad para realizar una reestructuración tan drástica sin la aprobación expresa del Congreso.
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¿Qué dice el fallo del 9º Circuito?
La decisión del tribunal, con un voto de 2 contra 1, sostiene que el decreto presidencial “excede con creces los poderes de supervisión del presidente, según la Constitución”. La mayoría de los jueces coincidió en que los demandantes —sindicatos de empleados federales, gobiernos locales y organizaciones civiles— probablemente tendrían éxito en demostrar que los despidos masivos son ilegales.
Además, el tribunal consideró que la administración Trump no cumplió con los requisitos legales necesarios para justificar una intervención de emergencia, y por eso negó la petición de congelar la suspensión de los despidos.
El juez principal William Fletcher, designado por el presidente Bill Clinton, argumentó que “el tipo de reorganización contemplada en la orden ha estado sujeta desde hace tiempo a la aprobación del Congreso”, dejando claro que el presidente no puede saltarse ese proceso legislativo.
Agencias federales afectadas por la suspensión
Los despidos masivos estaban previstos para impactar a más de una decena de agencias federales de alto nivel, incluyendo casi todos los departamentos a nivel de gabinete. Entre ellos están el Departamento de Defensa, el de Energía, Salud y Servicios Humanos, Seguridad Nacional, Justicia, Interior, Trabajo, Estado y Tesoro.
La orden judicial impide que estas agencias sigan adelante con la reducción de personal mientras el litigio sigue su curso.
Los actores detrás de la demanda contra Trump
La demanda fue presentada por una coalición que incluye sindicatos de empleados federales, gobiernos locales y organizaciones externas que defienden los derechos laborales. Los demandantes impugnaron el decreto presidencial de febrero, así como las directivas emitidas por la Oficina de Administración de Personal (OPM) y la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB), que ordenaban a las agencias preparar planes para implementar las reducciones.
Según los demandantes, la OPM y la OMB tenían el control final sobre el alcance de los despidos en cada agencia, y muchas veces rechazaban planes de recortes menos drásticos, lo que, según ellos, hizo que las directivas fueran ilegales. También señalaron la participación del Departamento de Eficiencia Gubernamental en el diseño de los despidos masivos.
El argumento de la administración Trump
La jueza disidente Consuelo María Callahan, designada por el expresidente George W. Bush, defendió la autoridad presidencial para dirigir las agencias y ejecutar los despidos bajo la guía de la OMB y la OPM. Para ella, el presidente sí tiene el derecho legal de implementar RIFs.
Por su parte, la administración Trump ha solicitado en varias ocasiones la intervención de la Corte Suprema para revertir la suspensión, pero hasta ahora sus peticiones no han prosperado.
Impacto para los empleados federales
El fallo del 9º Circuito protege temporalmente a miles de empleados federales que habrían sido afectados por los despidos masivos. Los sindicatos y empleados se muestran aliviados por la decisión, que les permite continuar en sus puestos mientras el proceso legal avanza.
La coalición demandante manifestó su satisfacción por la decisión judicial, señalando que la suspensión de estas medidas perjudiciales continuará mientras se resuelve el caso.
Implicaciones políticas y legales
El enfrentamiento legal refleja la tensión entre el Poder Ejecutivo y el Congreso sobre el control y la gestión del servicio público federal. Aunque el presidente Trump ha buscado reducir el gasto y el tamaño del Gobierno, el Congreso mantiene la potestad de autorizar reestructuraciones y despidos masivos.
El caso abre un debate sobre los límites de la autoridad presidencial en materia administrativa y el equilibrio de poderes en la Constitución estadounidense.
Próximos pasos en el litigio
Es probable que la disputa llegue nuevamente a la Corte Suprema, donde se decidirá si el presidente Trump puede continuar con sus planes de reducción de personal sin el aval del Congreso.
Mientras tanto, la suspensión de los despidos masivos sigue vigente, lo que garantiza estabilidad temporal para los trabajadores federales y sus familias.
La Casa Blanca no ha emitido declaraciones oficiales recientes sobre la decisión del tribunal, pero se espera que continúe buscando opciones legales para implementar su plan de recortes.