Migrante vence al gobierno en primer juicio por zona militarizada
Una joven migrante de Perú fue absuelta este jueves de los cargos de ingresar sin autorización a una zona militarizada en la frontera entre México y Estados Unidos, en lo que constituye el primer juicio derivado de las nuevas políticas fronterizas implementadas por el gobierno del presidente Donald Trump. La mujer, identificada como Adely Vanessa de la Cruz Álvarez, de 21 años, fue arrestada el mes pasado en las inmediaciones de Tornillo, Texas, luego de cruzar el río Bravo a pie.
El caso se ha convertido en un referente legal debido a que forma parte de un cambio reciente en la estrategia migratoria del Departamento de Justicia, que busca criminalizar el ingreso por ciertas zonas controladas ahora por el Ejército, bajo la figura de “Área de Defensa Nacional”.
Nueva política militar en la frontera genera polémica
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La acusación contra De la Cruz Álvarez no se limitó al cruce ilegal, sino que incluyó el ingreso a territorio designado como zona militarizada. Esta categoría fue aplicada a porciones del oeste de Texas y del sur de Nuevo México, donde el gobierno federal transfirió la supervisión del terreno al Ejército, en un intento por frenar el paso de inmigrantes por rutas no tradicionales.
La estrategia ha sido criticada por defensores de los derechos humanos y organizaciones legales, quienes advierten que los migrantes no reciben información clara sobre las supuestas restricciones de esas áreas. En este contexto, la abogada defensora de De la Cruz, Veronica Teresa Lerma, calificó la decisión judicial como un precedente importante para casos similares.
“Con suerte, esto establece las pautas para el gobierno federal”, señaló Lerma al Texas Tribune. “La comunidad legal de El Paso está preparada para responder ante estas acusaciones que criminalizan aún más a quienes buscan asilo o una vida mejor”.
Otros jueces ya han desestimado cargos similares
Aunque este fue el primer juicio que llegó a su etapa final bajo esta política, en Nuevo México ya se habían desechado procesos con cargos similares por falta de pruebas. Magistrados federales concluyeron que no existía evidencia suficiente para demostrar que los migrantes sabían que estaban ingresando a una zona militarizada.
En el caso de De la Cruz Álvarez, aunque fue absuelta del cargo más grave, sí fue declarada culpable por entrada ilegal al país, por lo que enfrentará un proceso de deportación. Si hubiese sido condenada por el segundo cargo, podría haber enfrentado hasta 18 meses de prisión.
La fiscalía defiende la estrategia del gobierno
Pese al revés judicial, el fiscal federal Justin Simmons, del Distrito Oeste de Texas, reiteró que el Departamento de Justicia continuará impulsando esta estrategia de criminalización para quienes ingresen sin autorización por zonas bajo supervisión militar.
“Al final del día, otro extranjero ilegal ha sido declarado culpable de ingresar ilegalmente al país”, afirmó Simmons en un comunicado oficial. “Será expulsado de Estados Unidos. Esta es una victoria para nuestro país”.
El endurecimiento migratorio de Trump avanza
La administración de Donald Trump ha redoblado sus esfuerzos para reducir la inmigración irregular, especialmente en año electoral. En las últimas semanas, el gobierno ha movilizado a miles de soldados hacia la frontera sur y ha implementado medidas legales para acelerar la deportación de extranjeros sin estatus legal.
Según cifras oficiales, las detenciones en la frontera han caído a su nivel más bajo desde mediados de la década de 1960. No obstante, expertos señalan que esto se debe en parte a la creciente militarización de zonas fronterizas y al uso de herramientas legales cada vez más restrictivas contra los migrantes.
El caso de Adely Vanessa de la Cruz Álvarez se convierte en un punto de inflexión dentro de esta política, y podría marcar el camino para futuras defensas legales contra cargos relacionados con zonas militarizadas, en un contexto donde los derechos de los migrantes siguen siendo motivo de fuerte debate a nivel nacional.