¿Revés a política migratoria? Juez determina que la Casa Blanca puso fin a ‘parole’ sin justificación
Un tribunal federal de Boston emitió este miércoles un fallo que representa un revés para la política migratoria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La jueza Indira Talwani determinó que su administración actuó sin justificación legal al suspender de forma indefinida el programa de libertad condicional humanitaria, también conocido como “parole”.
El fallo se refiere a miles de inmigrantes que habían sido admitidos en el país bajo esta figura legal, la cual les permitía residir temporalmente en Estados Unidos debido a situaciones humanitarias urgentes o condiciones de vulnerabilidad en sus países de origen. La decisión judicial podría frenar momentáneamente los planes de deportación masiva impulsados por el mandatario, aunque su alcance inmediato aún no está del todo claro.
El “parole” beneficiaba a familias de países en conflicto
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La política de “parole” ha sido utilizada durante décadas por distintas administraciones para proteger a personas de países afectados por conflictos armados, persecuciones o crisis humanitarias. Entre los beneficiarios de esta figura se encontraban ciudadanos de Afganistán, Ucrania, Haití, Nicaragua, Cuba, Venezuela y menores centroamericanos que intentaban reunirse con sus padres en EE.UU.
Según documentos presentados ante la corte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) detuvo de manera abrupta las renovaciones de estos permisos desde principios de 2025, dejando a miles de personas en un limbo legal. La jueza Talwani consideró que esta suspensión, ejecutada sin una explicación razonable, no cumple con los requisitos legales mínimos.
“La pausa lleva ya tres meses en vigor; la pausa es, en efecto, una suspensión indefinida”, escribió la jueza, al considerar que las órdenes emitidas por funcionarios del DHS carecen de justificación clara. Talwani, designada por el expresidente Barack Obama, señaló que las órdenes “no ofrecen una explicación razonada” y podrían ser anuladas en futuras apelaciones judiciales.
Demandantes incluyen inmigrantes de alto riesgo
El fallo se da en respuesta a una demanda presentada a principios de este año por un grupo de ciudadanos estadounidenses e inmigrantes afectados por la suspensión del programa. Entre los demandantes hay ocho personas que ingresaron legalmente al país antes de la decisión del gobierno, quienes ahora enfrentan la incertidumbre sobre su estatus migratorio.
Entre ellos se encuentran Maksym y Maria Doe, una pareja ucraniana que escapó de la guerra; Alejandro Doe, un nicaragüense que huyó tras el secuestro de su padre por grupos paramilitares; y Omar Doe, un afgano que colaboró durante casi dos décadas con las fuerzas armadas de Estados Unidos en su país natal.
Todos ellos solicitaron mantener el anonimato ante el temor de ser deportados. Aunque su libertad condicional sigue vigente, el gobierno ha dejado de tramitar solicitudes de asilo, visados y otros procesos migratorios que podrían ofrecerles una vía legal para permanecer en el país a largo plazo.
Política migratoria bajo la lupa
Este nuevo fallo se suma a una serie de desafíos legales enfrentados por la Casa Blanca en su intento de restringir la inmigración legal y acelerar las deportaciones. El presidente Trump ha reiterado su intención de “cerrar las vías de entrada ilegales y fraudulentas” al país y ha calificado el uso extendido del “parole” como un “abuso del sistema”.
Desde su regreso al poder, Trump ha promovido una agenda migratoria más estricta, que incluye la construcción de nuevas secciones del muro fronterizo, el uso ampliado del Título 42 y un aumento de redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El presidente también ha prometido deportar a millones de personas que residen sin autorización en Estados Unidos.
Sin embargo, defensores de los derechos de los inmigrantes y abogados de organizaciones civiles advierten que decisiones como la suspensión del “parole” afectan directamente a personas vulnerables, muchas de las cuales colaboraron con el gobierno estadounidense o escaparon de situaciones de violencia extrema.
Se espera nueva batalla legal
El Departamento de Seguridad Nacional no ha emitido una respuesta oficial tras el fallo de la jueza Talwani, pero se espera que el caso avance a instancias superiores. Grupos de defensa legal anticipan una batalla prolongada, ya que el fallo no obliga a restablecer de inmediato las renovaciones, pero deja la puerta abierta para que se cuestionen otras decisiones similares de la administración.
Mientras tanto, miles de familias inmigrantes viven en la incertidumbre, sin saber si podrán continuar sus vidas en Estados Unidos o serán forzadas a regresar a países donde enfrentan persecución, pobreza extrema o violencia sistemática.