El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos anunció este viernes una serie de recortes que impactan directamente a las oficinas encargadas de proteger los derechos civiles de los migrantes. La medida, confirmada por la portavoz Tricia McLaughlin, afecta a tres divisiones clave: la Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles (CRCL), la Oficina del Ombudsman de Detención de Inmigrantes y la Oficina del Ombudsman de Servicios de Ciudadanía e Inmigración. Este ajuste forma parte de un esfuerzo más amplio del gobierno de Donald Trump para reducir la fuerza laboral federal, iniciado tras su toma de posesión en enero de 2025.
La decisión llega en un contexto de creciente tensión migratoria en la frontera sur. Las oficinas afectadas han sido fundamentales para investigar denuncias de abusos y garantizar condiciones humanas en centros de detención. Según McLaughlin, estas divisiones “han obstaculizado la aplicación de la ley migratoria al añadir obstáculos burocráticos”. Sin embargo, críticos advierten que los recortes en Seguridad Nacional podrían dejar a los migrantes vulnerables sin mecanismos efectivos de supervisión.
En total, más de 100 empleados de la CRCL perderán sus puestos, según reportes de The New York Times. Los trabajadores tendrán 60 días para encontrar otro empleo dentro del gobierno o enfrentarán el despido en mayo. La noticia ha desatado una ola de críticas entre demócratas y organizaciones defensoras de los derechos humanos, que ven en esta acción un intento de priorizar la deportación masiva sobre la transparencia.
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Recortes en Seguridad Nacional: Un golpe a la supervisión
La Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles, creada en 2002 tras los atentados del 11 de septiembre, ha manejado cientos de quejas anuales relacionadas con las operaciones del DHS. Su labor abarca desde investigar maltratos en la frontera hasta revisar políticas de la Agencia de Seguridad del Transporte (TSA). Con los recortes en Seguridad Nacional, estas responsabilidades serán redistribuidas a otras áreas del departamento, aunque no está claro cómo se garantizará su continuidad.
Por su parte, la Oficina del Ombudsman de Detención de Inmigrantes, independiente de agencias como ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas), se dedica a inspeccionar las condiciones en los centros de detención. En 2024, documentó casos de hacinamiento y falta de atención médica en instalaciones de Texas y Arizona. La reducción de personal amenaza con limitar estas revisiones, justo cuando el flujo migratorio sigue en aumento.
La tercera oficina afectada, el Ombudsman de Servicios de Ciudadanía e Inmigración, ayuda a resolver problemas con trámites migratorios legales. “Estas oficinas no apoyaban la misión del DHS, sino que la ralentizaban”, afirmó McLaughlin, defendiendo los recortes en Seguridad Nacional como una forma de enfocar recursos en la seguridad fronteriza y la aplicación de la ley.
Reacciones y declaraciones
La respuesta no se hizo esperar. El congresista demócrata Bennie G. Thompson, líder del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara, calificó la medida como “un ataque directo a la transparencia”. En una carta enviada la semana pasada a la secretaria del DHS, Kristi Noem, senadores demócratas habían advertido que la CRCL tiene un mandato legal que no puede ignorarse. “Eliminar estas oficinas asegura que no haya supervisión sobre la agenda extrema de Trump”, señaló Thompson.
Organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) también alzaron la voz. “Esto deja a los migrantes sin protección frente a abusos sistemáticos”, dijo Lee Gelernt, abogado de la ACLU, en un comunicado. En X, usuarios han expresado indignación: “Están desmantelando todo lo que protege a los más vulnerables”, escribió un activista, reflejando el sentir de muchos.
En contraste, algunos republicanos aplauden la decisión. “Es hora de que el DHS se centre en su misión principal: proteger nuestras fronteras”, tuiteó el senador Ted Cruz. La Casa Blanca, por su parte, reiteró que los recortes son parte de un mandato presidencial para reducir el tamaño del gobierno federal, con planes entregados por las agencias el pasado 13 de marzo.
El futuro del Departamento de Seguridad Nacional
La implementación de estos cambios no será inmediata. El DHS ya había reducido en febrero 405 empleos en áreas como ciberseguridad y respuesta a desastres, pero esta nueva ola apunta directamente a la supervisión migratoria. Fuentes internas indican que las tareas legales de las oficinas recortadas se trasladarán a otras divisiones, aunque expertos dudan de su eficacia sin personal especializado.
Mientras tanto, la frontera sur sigue siendo un punto caliente. En lo que va de 2025, ICE ha deportado a miles de personas, y la administración Trump planea acelerar estas operaciones. Sin las oficinas de derechos civiles, los reportes de abusos podrían quedar sin respuesta, un riesgo que preocupa a defensores de los migrantes.
El debate está lejos de terminar. En los próximos días, se esperan audiencias en el Congreso para evaluar el impacto de los recortes en Seguridad Nacional. Por ahora, la medida subraya la prioridad de la Casa Blanca: un DHS enfocado en enforcement, incluso si eso significa sacrificar mecanismos de protección para los más vulnerables.