¿Trump deportará bebés nacidos en EE.UU.? Jueza exige respuestas
La orden ejecutiva del presidente Donald Trump, emitida el 20 de enero de 2025, para restringir la ciudadanía por nacimiento ha desatado una batalla legal que pone en jaque los derechos de miles de recién nacidos en EE.UU. Dos jueces federales, Joseph Laplante en New Hampshire y Deborah Boardman en Maryland, han exigido al Departamento de Justicia aclarar si el gobierno planea deportar bebés nacidos en el país bajo esta política, tras un fallo de la Corte Suprema el 27 de junio que limitó las medidas cautelares universales. La incertidumbre afecta especialmente a la comunidad latina, que representa el 18% de la población estadounidense, según el Censo de 2024.
Exigen claridad al gobierno
El 30 de junio, la jueza Deborah Boardman, designada por el expresidente Joe Biden, ordenó al Departamento de Justicia precisar antes del mediodía del martes si planea deportar niños nacidos en EE.UU. que no sean demandantes ni miembros de organizaciones demandantes, según el decreto de Trump. “Quiero saber qué hará el gobierno con los niños bajo esta orden después del 26 de julio”, afirmó Boardman en la corte federal de Greenbelt, Maryland. La jueza expresó escepticismo ante la respuesta del abogado Brad Rosenberg, quien aseguró que la orden no entrará en vigor hasta dentro de 30 días, conforme al fallo de la Corte Suprema.
Fallo de la Corte Suprema
El viernes, la Corte Suprema, en una decisión 6-3 redactada por la jueza Amy Coney Barrett, restringió la capacidad de tribunales inferiores para emitir medidas cautelares universales, permitiendo que la orden de Trump entre en vigor parcialmente en 28 estados no demandantes a partir del 26 de julio. Aunque no abordó la constitucionalidad de la orden, que busca negar ciudadanía a hijos de inmigrantes indocumentados o con visas temporales, el fallo abrió la puerta a demandas colectivas. Esto llevó a grupos como la ACLU a presentar una demanda colectiva el mismo día, representando a bebés y padres afectados, según documentos judiciales.
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Impacto en la comunidad latina
La comunidad latina, que constituye el 49% de los nacimientos de padres inmigrantes en EE.UU. según el Migration Policy Institute, enfrenta incertidumbre. En 2024, 4.4 millones de niños nacidos en EE.UU. tenían al menos un padre indocumentado. Organizaciones como LULAC advierten que la orden podría generar “caos” y “familias separadas”, con un 70% de latinos expresando temor a deportaciones en encuestas de Univision. En X, el hashtag #CiudadaníaPorNacimiento acumuló 15,000 publicaciones, con el 60% de usuarios latinos exigiendo protección constitucional.
Respuesta legal de los demandantes
Tras el fallo, los demandantes, incluyendo 22 estados liderados por demócratas y grupos de derechos de inmigrantes, redirigieron sus esfuerzos hacia demandas colectivas para bloquear la orden en todo el país. La ACLU argumenta que la medida viola la 14ª Enmienda, que garantiza ciudadanía a casi todos los nacidos en EE.UU., respaldada por el caso Wong Kim Ark de 1898. “Cada tribunal que ha revisado esta orden la ha declarado inconstitucional”, afirmó Cody Wofsy, de la ACLU. Se espera una audiencia clave el 1 de agosto en el Primer Circuito de Apelaciones.
Postura del Departamento de Justicia
El abogado del Departamento de Justicia, Brad Rosenberg, señaló que el gobierno se opondrá a la certificación de demandas colectivas, aunque no descartó su viabilidad. Durante los argumentos ante la Corte Suprema, el procurador general D. John Sauer evitó comprometerse, indicando que el caso podría no ser apto para una clase certificada. La administración Trump, liderada por la fiscal general Pam Bondi, celebró el fallo como una “victoria monumental” para la separación de poderes, según un comunicado en X el 27 de junio.
Reacciones y consecuencias
La jueza Sonia Sotomayor, en su disenso, calificó el fallo como una “invitación abierta a violar la Constitución”, advirtiendo sobre un “caos” para 150,000 recién nacidos anuales, según estimaciones de los demandantes. En California, donde el 21% de los nacimientos son de padres inmigrantes, según la Annie E. Casey Foundation, líderes latinos planean protestas el 5 de julio. La orden, si se implementa, podría costar $500 millones anuales en recursos estatales para verificar el estatus migratorio, según el Congressional Research Service.