Trump gana terreno: Corte limita poder de jueces para frenar sus decisiones
La Corte Suprema de EE.UU., con una mayoría conservadora de 6 a 3, falló el 27 de junio de 2025 a favor de restringir las medidas cautelares nacionales de tribunales inferiores contra órdenes ejecutivas, fortaleciendo la autoridad del presidente Donald Trump. El fallo, centrado en una orden que limita la ciudadanía por nacimiento, marca un cambio en el control judicial sobre políticas federales, generando debate sobre su impacto en los derechos constitucionales.
Fallo de la Corte Suprema
La jueza Amy Coney Barrett, en la opinión mayoritaria, argumentó que las medidas cautelares universales, usadas en 25 casos contra Trump en 2025, exceden la autoridad de los tribunales federales, que deben limitarse a proteger a demandantes específicos. El caso surge de bloqueos en Maryland, Massachusetts y New Hampshire a una orden de Trump que niega la ciudadanía a hijos de indocumentados. En X, #CorteSupremaTrump acumuló 18,000 publicaciones, reflejando la polarización.
Orden ejecutiva en disputa
La orden de Trump, firmada el 20 de enero de 2025, busca reinterpretar la 14ª Enmienda, afectando a 255,000 bebés anuales, según el Migration Policy Institute. Aunque el fallo no aborda su constitucionalidad, levanta las restricciones nacionales, permitiendo su avance tras un plazo de 30 días. En 2024, 4.1 millones de hijos de inmigrantes nacieron en EE.UU., según Pew Research, con un impacto significativo en la comunidad latina, que suma 37 millones de personas.
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Reacciones de Trump
Trump celebró el fallo en Truth Social como una “gran victoria”, destacando a la fiscal general Pam Bondi y al procurador John Sauer. Afirmó que la decisión golpea el “fraude” de la ciudadanía por nacimiento, vinculándola a la esclavitud en lugar de la inmigración moderna. En 2025, el 55% de los estadounidenses apoyaba restricciones migratorias, pero el 60% defendía la 14ª Enmienda, según Gallup. La comunidad hispana en California, con 15 millones, planea protestas el 30 de junio.
Disenso liberal
Las juezas Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson criticaron el fallo. Sotomayor advirtió que limitar las medidas cautelares debilita la protección contra políticas inconstitucionales, mientras Jackson lo calificó como un “peligro” para el estado de derecho. En 2024, 1,200 demandas migratorias llegaron a tribunales federales, según el Departamento de Justicia. Las juezas argumentan que el fallo fomenta la fragmentación judicial, con resoluciones distintas por región.
Nuevas dinámicas legales
El fallo obliga a los opositores a presentar demandas en cada jurisdicción, aumentando los litigios. El juez Brett Kavanaugh sugirió demandas colectivas o el Administrative Procedure Act como alternativas. En 2023, el 70% de las medidas cautelares nacionales fueron contra políticas migratorias, según el Administrative Office of the U.S. Courts. Los estados, como California, podrían lograr efectos más amplios en futuras demandas, según expertos legales.
Impacto en la comunidad migrante
La comunidad latina, especialmente en Texas, con 12 millones de personas, teme que la orden estigmatice a los hijos de inmigrantes. En 2024, 1 millón de niños nacidos en EE.UU. de padres indocumentados enfrentaron riesgos de deportación familiar, según el Migration Policy Institute. Organizaciones como RAICES y la ACLU planean demandas colectivas, mientras foros en Houston el 1 de julio abordarán el impacto. En 2025, ICE recibió $8,700 millones adicionales para deportaciones, según el presupuesto federal.
Contexto político
El fallo refuerza las políticas de Trump, quien en 2025 deportó a 300,000 migrantes, un 25% más que en 2024, según ICE. Demócratas como el senador Chuck Schumer critican la decisión como un “cheque en blanco” al Ejecutivo, mientras republicanos como Ted Cruz la celebran como un “triunfo” para la soberanía. En 2024, el 65% de los hispanos desaprobaba las políticas migratorias de Trump, según Univision. La decisión podría inspirar desafíos similares contra otras órdenes, como las restricciones a contenidos escolares, aumentando la fragmentación judicial.