Trump retira fondos a estudiantes indocumentados: esto cambia
La administración del presidente Donald Trump revocó el 10 de julio de 2025 una norma de 1997 que permitía a inmigrantes indocumentados acceder a fondos federales para programas de educación técnica, profesional y para adultos. La decisión, anunciada por el Departamento de Educación, afecta a 1.2 millones de estudiantes indocumentados en EE.UU., según el Migration Policy Institute, y se alinea con la Ley de Responsabilidad Personal y Reconciliación de Oportunidades de Trabajo (PRWORA). La medida, que entra en vigor en agosto, intensifica las políticas migratorias de Trump, generando críticas por su impacto en comunidades latinas, que representan el 80% de los beneficiarios afectados.
Revocación de la norma de 1997
La secretaria de Educación, Linda McMahon, justificó la revocación, argumentando que los $2,300 millones anuales en fondos federales deben priorizar a ciudadanos estadounidenses. La norma, implementada bajo Bill Clinton, permitía a indocumentados acceder a programas de capacitación laboral en sectores como construcción, enfermería y tecnología, beneficiando a 300,000 estudiantes en 2024, según el Departamento de Educación. La PRWORA de 1996 restringe beneficios públicos a ciudadanos y residentes legales, y la administración Trump sostiene que la norma violaba esta ley, una interpretación respaldada por un informe del Heritage Foundation.
Impacto en estudiantes indocumentados
La decisión afecta a programas en colegios comunitarios y centros de formación, donde el 15% de los estudiantes son indocumentados, según el American Council on Education. En California, que alberga a 2.2 millones de indocumentados, el 60% de los beneficiarios de estos fondos son latinos, según el Public Policy Institute. La eliminación de acceso podría reducir la matrícula en un 20%, afectando a 50,000 estudiantes en Los Ángeles y San Diego, y aumentar la deserción en un 12%, según estimaciones de la Universidad de California. Organizaciones como la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes denuncian que la medida “limita el futuro” de jóvenes.
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Contexto de la política migratoria
La revocación es parte de la agenda migratoria de Trump, que incluye 300,000 deportaciones en 2025 y restricciones a la ciudadanía por nacimiento, según ICE. En febrero, Trump firmó una orden ejecutiva limitando fondos educativos a estados que apoyen a indocumentados, generando tensiones con California y Nueva York. La medida actual, que afecta a $1,800 millones en becas Pell y programas de capacitación, busca redirigir recursos a “trabajadores estadounidenses”, según McMahon. Sin embargo, el 58% de los estadounidenses desaprueba estas políticas, según una encuesta de Gallup de julio de 2025, especialmente en estados con alta población inmigrante.
Reacciones de la comunidad
La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, defendió la decisión, afirmando que “los contribuyentes no deben subsidiar a inmigrantes ilegales”. Por otro lado, el Caucus Hispano del Congreso, liderado por Adriano Espaillat, planea presentar una demanda el 20 de julio, argumentando que la medida viola el derecho a la educación. En Los Ángeles, donde 25,000 estudiantes indocumentados asisten a colegios comunitarios, según el LA Community College District, líderes comunitarios como María García de CHIRLA convocaron protestas para el 17 de julio, esperando 5,000 asistentes. Las manifestaciones buscan presionar al Congreso para restablecer los fondos.
Consecuencias económicas y sociales
La eliminación de fondos amenaza sectores clave como la construcción, donde el 30% de los trabajadores en California son indocumentados, según el Bureau of Labor Statistics. La pérdida de capacitación podría generar una escasez de 100,000 trabajadores calificados para 2026, con un impacto económico de $5,000 millones, según el Center for American Progress. Además, el 40% de los estudiantes indocumentados reportaron temor a represalias migratorias tras la medida, según una encuesta del Urban Institute. Mientras la Corte Suprema evalúa casos similares, la batalla legal podría extenderse hasta 2026, afectando a comunidades donde el 20% de los residentes son inmigrantes, según el censo de 2020.