El gobierno del presidente Donald Trump ha solicitado a la Corte Suprema que permita continuar con su plan de recortes masivos en el sector educativo, desafiando una orden judicial que bloqueó el despido de cerca de 1.400 empleados del Departamento de Educación. La administración argumenta que se trata de una decisión política legítima y necesaria para cumplir con su objetivo de reducir el tamaño del gobierno federal.
La apelación de emergencia fue presentada por el Departamento de Justicia al máximo tribunal, luego de que el juez federal de distrito Myong Joun, con sede en Boston, emitiera una orden preliminar para detener el plan de despidos. El juez determinó que los recortes podrían paralizar las funciones esenciales del Departamento de Educación, incluyendo el cumplimiento de leyes federales.
Administración Trump defiende ante la Corte los recortes masivos en el sector educativo como parte de su política federal
En el documento presentado ante la Corte Suprema, el procurador general D. John Sauer afirmó que la decisión del juez Joun reemplaza indebidamente las prioridades políticas del gobierno de Trump con sus propias opiniones. Según Sauer, el objetivo de los despidos es implementar una política de “simplificación del departamento y eliminación de funciones discrecionales” que, a juicio del Ejecutivo, deben ser competencia exclusiva de los estados.
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Foto: Jim Lo Scalzo/EFE
La administración Trump sostiene que la educación debería ser responsabilidad estatal y que el gobierno federal debe retirarse de áreas donde, según el presidente, ha fracasado en producir resultados tangibles. Trump ha acusado al Departamento de Educación de estar dominado por intereses liberales y ha prometido “devolver el control de la educación a los estados”.
Sin embargo, organizaciones educativas, sindicatos y fiscales generales de 21 estados han advertido que los despidos masivos imposibilitarían al Departamento de Educación cumplir funciones fundamentales, como la distribución de ayudas económicas, el apoyo a programas de educación especial y la vigilancia de los derechos civiles en las escuelas.
Los recortes masivos en el sector educativo impulsados por la administración Trump enfrentan fuerte oposición legal
Las demandas que buscan frenar los recortes fueron presentadas por distritos escolares de Massachusetts, la Federación Estadounidense de Maestros y una coalición de fiscales generales. Los demandantes argumentan que el plan de la administración Trump es, en los hechos, un intento de cierre ilegal del Departamento de Educación, lo cual sólo puede ser autorizado por el Congreso.
Hasta ahora, los tribunales han dado la razón a los demandantes. El tribunal federal de apelaciones también se negó a suspender la orden de Joun mientras el caso continúa en instancias superiores. El fallo ha sido visto como una barrera clave para los esfuerzos de desmantelamiento que Trump prometió durante su campaña presidencial.
Protestas en contra de la postura del Presidente Trump con relación a la educación. Foto: Jim Lo Scalzo/EFE
En marzo, el presidente emitió una orden ejecutiva en la que instruyó a la secretaria de Educación, Linda McMahon, a desmantelar la agencia “en la medida máxima permitida por la ley”. A pesar de esa directiva, muchas de las funciones del departamento aún no han sido reasignadas. Por ejemplo, los créditos estudiantiles federales siguen bajo su gestión y los programas para estudiantes con discapacidades aún no han sido transferidos al Departamento de Salud y Servicios Humanos, como había sugerido Trump.
Administración Trump defiende ante la Corte los recortes masivos en el sector educativo como prioridad de campaña
Desde el inicio de su mandato, Trump ha priorizado la reducción del tamaño del gobierno federal, especialmente en áreas que considera improductivas o excesivamente influenciadas por posturas progresistas. El Departamento de Educación ha sido uno de los principales objetivos de esta agenda, y su desmantelamiento figura como una de las promesas centrales de su actual campaña electoral.
El presupuesto propuesto por su administración incluye un recorte del 15% al Departamento de Educación, que representa una reducción de aproximadamente 4.500 millones de dólares, afectando principalmente a la financiación de la educación básica. Este recorte se suma a una política general de transferir responsabilidades a los estados y eliminar programas considerados innecesarios.
Los críticos señalan que, aunque la educación básica está mayormente gestionada por estados y municipios, el gobierno federal cumple un rol clave en garantizar la equidad educativa, especialmente en comunidades vulnerables. La eliminación o reducción de funciones federales podría poner en riesgo el acceso a educación de calidad para millones de estudiantes en situación de desventaja.
Por ahora, la decisión está en manos de la Corte Suprema, que ya en abril había fallado 5-4 en favor de la administración Trump al bloquear una orden previa del mismo juez que intentaba mantener en pie los subsidios para capacitación docente. El nuevo fallo del alto tribunal podría redefinir el futuro del Departamento de Educación y sentar un precedente sobre el alcance del poder presidencial en la reestructuración de agencias federales.