Las deportaciones han vuelto a sacudir a una familia en Apopka, Florida, donde Esvin Juárez y Rosmeri Miranda-López, padres de cuatro hijos ciudadanos estadounidenses, fueron expulsados a Guatemala en junio de 2025. Tras 22 años en Estados Unidos, donde construyeron una empresa cementera que emplea a 16 personas, la pareja fue separada de sus hijos debido a una orden de deportación emitida en 2003.
Su hija mayor, Beverly Juárez, de 21 años, ha liderado una campaña viral en redes sociales pidiéndole al presidente Donald Trump que permita el regreso de sus padres. En X, los usuarios comparten su historia con mensajes como “¡Esto no es justo!”. Aquí te contamos los detalles de este caso, su lucha legal y el impacto de las políticas migratorias.
@dolmanjuarez Please help to share and repost. President Trump. Please help us show that you are not coming after the law abiding, hardworking parents of US Citizens, who have been in the US for over 20 years and have a solution to their immigration status. #fypシ #parati @Juarez (Pony🐴🐴🐴) @Kari G ⚓️🖤 @Carlos_Eduardo_Espina @yesenia la chapina👑🐇❤️ @Noticias Telemundo @Telemundo51Miami @Univision @Univision Miami @WESH 2 News @🔪🐃neryposter🐃🔪🤎🪬 ♬ sonido original – Dolman Juarez 🐴🐴🐴🇬🇹
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Esvin y Rosmeri llegaron a Estados Unidos como novios en 2003, cruzando la frontera sin autorización. Se asentaron en Apopka, compraron una casa y formaron una familia con sus hijos: Beverly (21), César (15), Josué (13) y Valery (9). A pesar de sus esfuerzos por regularizarse, incluyendo una solicitud de visa U que recibió una determinación preliminar favorable del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), fueron deportados tras un control migratorio. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aclaró que “tener aplicaciones de visa pendientes no impide la expulsión”, según un comunicado oficial.
Una odisea legal
La pesadilla de las deportaciones comenzó para los Juárez cuando, por miedo y desconocimiento, no asistieron a una audiencia migratoria en Texas en 2003, poco después de cruzar la frontera. Esto resultó en una orden de deportación en ausencia, confirmada por el DHS.
Durante años, la pareja cumplió con citas regulares ante el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Orlando, mientras buscaban opciones legales. En 2021, tras un asalto armado en su negocio donde Esvin fue víctima, solicitaron una visa U, un estatus que protege a víctimas de crímenes que colaboran con la policía. En diciembre de 2024, USCIS emitió una determinación bona fide, indicando que su solicitud era legítima, pero esto no detuvo su deportación.
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El 30 de mayo de 2025, Esvin fue detenido durante un chequeo con ICE, y el 12 de junio, Rosmeri fue arrestada. Ambos fueron deportados días después. Su abogada, Grisel Ybarra, sostiene que la decisión fue un “abuso de discrecionalidad”, ya que los antecedentes de Esvin, que incluyen una infracción por conducir bajo los efectos del alcohol y uso de documentos falsos, fueron revisados por USCIS sin considerarse graves. Ybarra insiste en que el único motivo de la deportación fue la entrada irregular y la ausencia en la audiencia de 2003, que no constituye un delito grave.
El grito de los hijos
Beverly Juárez, ahora cabeza de familia, ha tomado las riendas para mantener unido a su hogar y al negocio familiar mientras lucha por el regreso de sus padres. Junto a sus hermanos, grabó videos en TikTok que han acumulado millones de visualizaciones, donde se dirigen directamente al presidente Trump y a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, pidiendo clemencia. “He dejado mis sueños en pausa para cuidar a mis hermanos y traer a mis padres de vuelta”, dijo Beverly. En X, los usuarios han compartido estos videos, generando un debate sobre las políticas de deportación.
El 13 de junio, Beverly encabezó una protesta frente a la oficina de ICE en Orlando, acompañada por organizaciones como Hope CommUnity Center y la coalición Immigrants Are Welcome Here. Representantes estatales como Anna V. Eskamani, Rita Harris y Johanna López también mostraron su apoyo, exigiendo una revisión de los procesos migratorios. “La visa U es una protección legal, no una sugerencia”, afirmó López, destacando que Rosmeri fue detenida a pesar de cumplir con los requisitos.
Presión ciudadana y desafíos
La familia Juárez no está sola en su lucha contra las deportaciones. Ybarra ha presentado una moción en el Tribunal de Apelación del Undécimo Circuito, alegando violaciones al debido proceso. Mientras tanto, la presión ciudadana crece, con manifestaciones y cartas de funcionarios locales pidiendo la liberación de Rosmeri y el retorno de Esvin. Sin embargo, el DHS mantiene su postura, calificando a Esvin como un “inmigrante ilegal criminal” y afirmando que ambos agotaron sus recursos legales.
@dolmanjuarez Comparta Por favor, ayúdennos a traer de vuelta a nuestro padre y a detener la deportación de nuestra madre. Por favor, traigan de vuelta a nuestro padre para el Día del Padre.#fypシ #parati @Noticias Telemundo @Carlos_Eduardo_Espina @Univision @Univision Miami @Fox News ♬ sonido original – Dolman Juarez 🐴🐴🐴🇬🇹
El caso refleja un contexto más amplio. Desde el regreso de Trump a la presidencia, las detenciones de inmigrantes han aumentado, con un objetivo de 3,000 arrestos diarios, según el asesor Stephen Miller. Datos del Transactional Records Access Clearinghouse de la Universidad de Syracuse indican que, al 1 de junio de 2025, el 44% de los 51,302 detenidos en centros de ICE no tenían antecedentes penales más allá de su entrada irregular. En Apopka, Beverly equilibra sus estudios en la Universidad de Florida Central, el cuidado de sus hermanos y la gestión del negocio familiar, pero teme no poder continuar sus clases presenciales.
Con su familia dividida, los Juárez siguen esperando una solución. Desde Guatemala, Esvin expresó orgullo por su hija: “Beverly es una guerrera”. En X, la comunidad continúa compartiendo su historia, manteniendo viva la esperanza de reunificación.