El Gobierno de Unidad Nacional (GUN) de Libia, con sede en Trípoli, negó este miércoles 7 de mayo de 2025 haber firmado un acuerdo con Estados Unidos para recibir migrantes deportados, desmintiendo reportes que sugerían un plan de la administración Trump para enviar inmigrantes en vuelos militares. El primer ministro Abdulhamid Debeiba afirmó en redes sociales que su gobierno se opone a ser un destino de deportación bajo cualquier circunstancia, destacando que la dignidad humana y la soberanía nacional no son negociables.
Esta declaración llega en medio de especulaciones sobre un posible vuelo programado para mañana, jueves 8 de mayo, aunque el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no ha confirmado oficialmente los detalles. La negativa de Libia podría complicar los planes migratorios de Trump, quien busca acuerdos internacionales para deportaciones masivas como parte de su política de control fronterizo.
La controversia surge tras reportes de que la administración Trump estaba explorando opciones para enviar inmigrantes, incluidos aquellos con antecedentes penales, a países como Libia y Ruanda. El DHS ha indicado que estas negociaciones responden a una orden ejecutiva de enero de 2025, destinada a facilitar la cooperación con naciones dispuestas a aceptar deportados.
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Sin embargo, el GUN sugirió que cualquier supuesto acuerdo podría involucrar a una «administración paralela», refiriéndose al mariscal Jalifa Haftar, cuya influencia en el este de Libia ha generado tensiones con el gobierno reconocido por la ONU. El país, sumido en un estancamiento político desde 2011, sigue enfrentando desafíos económicos y de seguridad, lo que ha complicado su posición en temas migratorios internacionales.
Libia: Rechazo a acuerdos ilegítimos
Abdulhamid Debeiba enfatizó que su gobierno no reconoce pactos establecidos por entidades que considera ilegítimas, apuntando a la posible intervención de Haftar o sus aliados. Esta postura refleja las divisiones internas en Libia, donde el GUN, respaldado por la ONU, compite por el control con facciones rivales.
El primer ministro insistió en que cualquier acuerdo debe respetar la voluntad del pueblo libio y cumplir con los principios de soberanía nacional, una declaración respaldada por al menos 20 partidos políticos que el viernes pasado rechazaron la idea de convertir a Libia en un destino de deportación. El Departamento de Estado de EE.UU. ha mantenido silencio sobre las acusaciones, pero las tensiones diplomáticas podrían escalar si se confirman intentos de negociar con facciones no reconocidas.
Contexto de la crisis migratoria
Libia ha sido un punto clave de tránsito para migrantes rumbo a Europa, con numerosos centros de detención que han sido criticados por condiciones inhumanas. El país, rico en petróleo, produce alrededor de 1,300 millones de barriles diarios, pero la inestabilidad política ha dejado a millones dependientes de ayuda humanitaria, según datos de la ONU.
La propuesta de EE.UU. de usar Libia como destino de deportación ha generado preocupación, especialmente porque el Departamento de Estado advierte anualmente a ciudadanos estadounidenses contra viajar al país debido a riesgos de seguridad. Esto ha llevado a que el GUN cuestione la coherencia de las intenciones de EE.UU., mientras el DHS sigue evaluando opciones para reducir los costos de deportación, estimados en $17,121 por persona.
Implicaciones futuras
La negativa de Libia podría forzar a la administración Trump a buscar alternativas, como Ruanda, donde ya se deportó a un refugiado iraquí en marzo de 2025 como prueba de un modelo de cooperación. El DHS ha intensificado sus esfuerzos, con más de 860 vuelos de repatriación desde junio de 2024, según el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Sin embargo, la falta de consenso con Libia podría enfrentar obstáculos legales y diplomáticos, especialmente si tribunales federales, como el del Distrito de Columbia, intervienen para exigir notificaciones previas a los deportados. Mientras tanto, el GUN sigue firme en su postura, y la incertidumbre sobre el plan de deportación mantiene en vilo a las comunidades migrantes en EE.UU., donde la política de Trump busca acelerar las expulsiones con el apoyo internacional.